Seis migrantes, provenientes de Egipto, El Salvador y Perú, fueron abatidos por militares mexicanos en Chiapas. Este hecho ha desatado un debate sobre las políticas de militarización y migración en México, y ha reavivado las tensiones inherentes a la crisis migratoria que afecta al país desde hace años.
La masacre en Chiapas, el primer día de mandato de Claudia Sheinbaum, ha generado preocupación entre activistas y migrantes. Se cuestiona si las nuevas políticas continuarán la estrategia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien desplegó a 36,000 soldados en tareas relacionadas con la migración. Surgen temores de que la militarización se intensifique en lugar de abordar las causas profundas de la migración.
Los militares involucrados en el incidente están a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Se encontraban patrullando en una zona donde cárteles del narcotráfico controlan el flujo de personas y drogas.
Exigimos un reconocimiento de la gravedad de la violencia en Chiapas y la implementación de políticas migratorias que prioricen la protección de las personas, declaró Enrique Vidal Olascoaga, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de CórdovaSheinbaum ha afirmado que el Ejército denunció a los soldados responsables del tiroteo y ha defendido el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, también ha reconocido la existencia de una estrategia para frenar la llegada de migrantes a México y evitar su cruce hacia Estados Unidos. Esta declaración ha generado debate sobre la efectividad y la ética de estas medidas.
A pesar de la disminución del 66% en las detenciones diarias de migrantes en la frontera con Estados Unidos desde diciembre, la migración irregular a través de México ha aumentado un 193% en la primera mitad del año, superando las 712,000 personas.
Migrantes como José, un venezolano en Tapachula, expresan su miedo a cruzar el territorio mexicano y piden a los soldados que no respondan con violencia. Leobal Vélez Monteoca, de Ecuador, reconoce los riesgos de la migración, pero destaca la desesperación que enfrenta en su país por la falta de empleo, lo que lo obliga a buscar opciones, preferiblemente legales, para emigrar.