Un halo de incertidumbre se instaló en el ambiente, al escucharse la circular de la Secretaría de la Función Pública que indicaba la pausa en las contrataciones realizadas antes del 30 de septiembre.
El mensaje era claro: hasta el final del año, la contratación quedaba congelada. Esta medida, justificada por la necesidad de "cerrar el presupuesto de manera adecuada", aplicaría a todas las secretarías del gobierno federal.
La decisión, aunque sorpresiva, respondía a una estrategia para asegurar un cierre fiscal responsable. Un cierre que, a pesar de su impacto en las dinámicas de personal, buscaba garantizar la estabilidad del presupuesto y optimizar el uso de los recursos públicos.
El anuncio no dejó indiferente a nadie, especialmente a aquellos que tenían sus esperanzas puestas en un puesto dentro del gobierno. La suspensión de las contrataciones, aunque temporal, planteaba un panorama incierto para el futuro inmediato. La pregunta que quedó flotando en el aire era: ¿cómo afectaría esta medida al ritmo de trabajo en las dependencias federales?