Las familias, como reinas poderosas, buscan perpetuar su influencia en el poder, creando un sistema donde la sucesión dinástica se convierte en norma. La diputada Clara Luz Flores, representante de Morena, ha presentado una iniciativa para combatir este fenómeno. La propuesta busca evitar que el poder político se transmita como herencia dentro de las familias. La idea es clara: romper con la práctica de que los cargos públicos se conviertan en feudos familiares, donde el poder se concentra en unas cuantas manos, generación tras generación.
La iniciativa busca reformar la Constitución para que el Presidente de México, los gobernadores, alcaldes, regidores y síndicos no puedan ser sucedidos en el cargo por sus familiares directos. La propuesta busca restringir el parentesco hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
"Con lo anterior se busca eliminar las oligarquías que se han establecido, sobre todo a nivel regional en nuestro país", puntualizó la diputada Flores. "Se trata de cotos políticos que han gobernado sin tener en cuenta el interés común sino el propio, permaneciendo en el poder político y que buscan perpetuar los privilegios y satisfacer los intereses políticos, económicos y familiares de unas pocas personas".
En la presentación de su iniciativa, la diputada Flores mencionó diversos casos de municipios en Chiapas, Nuevo León, Puebla, Yucatán y Zacatlán, donde familias han mantenido el control por décadas.
Por ejemplo, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, la familia Aguilar ha ocupado la presidencia desde 1938. En Nuevo León, el municipio de Zuazua ha estado en manos de la familia Martínez Montemayor desde 1946. Otros casos, como el municipio de Tahdziú en Yucatán, donde la familia Yah Sabido lleva 12 años ininterrumpidos en el poder, ilustran cómo la práctica de la herencia política se ha convertido en una constante en algunos lugares.
La iniciativa de Morena busca romper con este patrón, impulsando una renovación en la política y asegurando que los cargos públicos se ocupen por personas que representan los intereses de la ciudadanía y no de grupos familiares.