Discriminación y violencia: Comunidad LGBTTTIQ+ protesta en el congreso CDMX
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Nicol Matuz ScottLa diputada Silvia Sánchez Barrios, con una voz firme y decidida, ha puesto sobre la mesa una problemática que afecta directamente a la comunidad LGBTTTIQ+. La negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a otorgar pasaportes a hijos de mujeres transexuales es una clara muestra de discriminación y falta de sensibilidad ante la diversidad de género. La razón esgrimida por la SRE, "no se cumplen los requisitos de filiación", resulta inaceptable y vulnera los derechos de estas familias.
La diputada Sánchez Barrios ha presentado un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a tomar medidas urgentes. El llamado se dirige a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, y a la Secretaría de la Función Pública, Raquel Buenrostro Sánchez, con el objetivo de erradicar la discriminación dentro del gobierno. La acción no se limita a la SRE. Se exige que la dependencia implemente campañas de capacitación para sus servidores públicos, con el objetivo de garantizar la no discriminación y el reconocimiento pleno a la maternidad y la patria potestad de las mujeres transexuales.
El llamado a la acción se extiende a otras instituciones. Se pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y organizaciones civiles que trabajan en defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ que se involucren en la creación e implementación de estas campañas de sensibilización.
En el corazón de la lucha reside el reconocimiento de los derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes secundarias en materia de igualdad y no discriminación protegen a la comunidad LGBTTTIQ+. La Organización de las Naciones Unidas ha sentenciado: la orientación sexual y la identidad de género no deben ser motivo de discriminación.
La lucha por la igualdad y la inclusión sigue siendo un camino complejo. La comunidad LGBTTTIQ+ exige la creación de mecanismos de control y denuncia, así como la aplicación efectiva de las leyes que protegen sus derechos.
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