La Presidenta Sheinbaum ha respondido a la propuesta argumentando que la elección de los ministros por voto popular violaría el artículo 135 de la Constitución, el cual otorga al Poder Legislativo la facultad exclusiva de reformar la Constitución. Además, la Presidenta se ha basado en una encuesta realizada por el Heraldo de México que muestra que el 37% de la población mexicana percibe corrupción en el Poder Judicial. La encuesta también revela que la mayoría de los ciudadanos se inclinan por la elección popular de los jueces.
La decisión del gobierno de continuar con la reforma constitucional ya aprobada se justifica como una respuesta a la voluntad popular. La consulta popular, incluida en la Constitución como mecanismo para modificar la ley, se considera un elemento clave para la toma de decisiones en este proceso. La propuesta de la Corte se considera una intromisión en el poder legislativo.
El gobierno mantiene una postura crítica y objetiva ante la propuesta del ministro, argumentando que la reforma constitucional ya aprobada se basa en la voluntad del pueblo y que la decisión de seguir este camino es la correcta.