La política mexicana se encuentra en constante movimiento, y la batalla por la interpretación de la Constitución se intensifica. El debate sobre la reforma al Poder Judicial ha generado tensiones entre los diferentes actores políticos, y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre la legitimidad de las impugnaciones.
En una decisión que ha generado polémica, la SCJN, con una mayoría de ocho votos, ha determinado que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, tienen el derecho de impugnar la reforma judicial a través de la acción de inconstitucionalidad.
Esta resolución se ha dado en el marco de una controversia que ha dividido a los ministros. Algunos, como González Alcántara, han defendido la postura de que los partidos políticos cuentan con la legitimidad necesaria para presentar estas impugnaciones, argumentando que la fracción segunda del Inciso F del artículo 105 de la Constitución Federal los faculta para ello, al estar debidamente registrados en el Instituto Nacional Electoral, y al ser los firmantes de las demandas, representantes legales.
Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz Ahlf ha expresado su desacuerdo, señalando que los partidos políticos no poseen la legitimidad para impugnar normas constitucionales. Para ella, la fracción segunda del artículo 105 solo permite acciones de inconstitucionalidad contra normas generales, no contra la Constitución misma. Además, la reciente reforma en materia de supremacía constitucional, publicada el 31 de octubre, no hace más que confirmar esta prohibición, que ya existía.
La decisión de la SCJN tiene implicaciones importantes para el panorama político mexicano. Abre la puerta para que los partidos políticos continúen con su batalla legal contra la reforma judicial. La batalla legal promete ser un proceso largo y complejo, con argumentos legales sólidos por ambas partes.