En este escenario, la reciente reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa ha generado preocupación en la comunidad internacional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su inquietud por esta medida, que incluye delitos como extorsión, contrabando y tráfico de fentanilo. Según la nueva legislación, estas personas pueden ser detenidas sin sentencia, una medida que en el pasado ha mantenido a muchos mexicanos encarcelados durante años sin un juicio.
En un comunicado emitido desde Ginebra, "la ampliación de la prisión preventiva oficiosa contraviene los principios fundamentales de los derechos humanos", advirtió Türk. En lugar de esto, debe basarse en una decisión individualizada por parte de un juez, quien evaluará si las circunstancias del caso justifican la detención sin sentencia.
La prisión preventiva no es la solución a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta México, según el alto comisionado. En lugar de recurrir a la detención automática, subrayó la importancia de explorar alternativas a la privación de libertad, como el uso de medidas cautelares menos severas. Esto permitiría un enfoque más justo y respetuoso de los derechos humanos.
La crítica de la ONU se basa en la creciente preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en México. Casos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes estuvieron detenidos durante 17 años sin sentencia, reflejan los peligros de esta medida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por este caso en abril de 2023.
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos como la ONU continúan pidiendo un análisis cuidadoso y una reconsideración de la medida. La necesidad de garantizar el acceso a la justicia, respetando los derechos humanos fundamentales, debe prevalecer sobre las soluciones apresuradas que puedan agravar la situación de las personas detenidas injustamente.