La elección judicial, un proceso crucial para renovar el Poder Judicial mediante voto popular, se mantiene firme en su fecha prevista para junio del 2025. A pesar de la petición del Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer la elección por 90 días, el Poder Legislativo ha respondido con una negativa rotunda.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, había enviado una carta el pasado 19 de noviembre solicitando la prórroga debido a las labores que debe implementar el instituto electoral para llevar a cabo una nueva elección el próximo año, así como las cuestiones referentes al presupuesto. Sin embargo, los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, han explicado que la elección judicial es parte de la Constitución y debe cumplirse en el 2025.
Las 3 claves de la negativa
En la carta del Poder Legislativo se destacan tres claves de la negativa al INE para la elección judicial 2025:
- No hay margen para el incumplimiento de la Constitución, por lo que la elección debe celebrarse el primer domingo de junio, tal como indica la reforma al Poder Judicial aprobada en septiembre pasado.
- Si se posterga la elección cerca de 90 días, algunas dependencias del Poder Judicial quedarían afectadas, ya que hay jueces, ministros de la Suprema Corte y magistrados que ya dijeron que dejarían sus cargos antes de octubre, por lo que los puestos quedarían vacantes.
- Un retraso en las labores del Poder Judicial implicaría una serie de complicaciones para el acceso a la justicia de millones de personas.
Los legisladores destacaron que la respuesta a la convocatoria para inscribirse en el proceso de la elección judicial fue exitosa, poniendo en marcha el proceso electivo. Además, expresaron su confianza en el profesionalismo, la capacidad técnica, la experiencia, la responsabilidad y la entrega del personal del Instituto Nacional Electoral y del pueblo de México, que, a pesar de las demoras al proceso, sabrán cumplir el mandato constitucional de realizar los comicios extraordinarios.
“De lo anterior, se desprende que ésta Soberanía no está facultada para dar una respuesta favorable a la solicitud planteada”, concluye la carta de Noroña y Gutiérrez.