Aunque la atención se centra en las implicaciones a gran escala, la magnitud del impacto se revela gradualmente. No se trata solo de cifras astronómicas, sino de la vulneración de la confianza en un sistema diseñado para proteger el patrimonio de los trabajadores.
El ingeniero Octavio Romero, director del Infonavit, destapó una serie de irregularidades que involucran a Telra Realty, una empresa a la que se le pagaron 5,000 millones de pesos en compensación por un contrato de 100 millones que, según la investigación, se basó en "documentos con firmas fraudulentas de un despacho legal inexistente."
Pero la situación va más allá de un solo caso. Se detectaron anomalías en el programa "Línea 3", con 22 proyectos inconclusos y adeudos por más de 575 millones de pesos. A esto se suman 18 desarrolladores con deudas por 768 millones de pesos. "La aprobación de estos proyectos se realizó sin los estudios técnicos financieros necesarios," afirmó Romero, destacando la participación de direcciones sectoriales con altos salarios pero sin funciones sustantivas.
La trama se complica aún más con la revelación de una red que involucra a empleados del Infonavit, notarios, despachos y peritos que, supuestamente, otorgaron múltiples créditos sobre una misma vivienda, estafando a los trabajadores por más de 1200 millones de pesos. Se habla de la venta fraudulenta de 1400 viviendas hasta cuatro veces en estados como el Estado de México, Jalisco y Tlaxcala.
El escándalo se extiende a la contratación de despachos legales por más de 3600 millones de pesos para recuperar viviendas, con juicios fraudulentos contra 60,000 derechohabientes. Incluso se denunció la contratación ilegal de un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos, sin el consentimiento de los trabajadores.
Finalmente, la administración irregular del Registro Único de Vivienda, con desvío de utilidades destinadas a los ahorros de los trabajadores, completa un panorama de presuntas irregularidades que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha prometido investigar a fondo.
La información, aunque contundente en sus acusaciones, deja abierta la puerta a futuras investigaciones y análisis que deberán esclarecer la compleja red de presuntos actos ilícitos.