La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 19 de diciembre de 2024, desató la tormenta. Octavio Romero encabeza la investigación, según se informó, sobre irregularidades en el Infonavit durante administraciones pasadas, con especial énfasis en gobiernos panistas y el sexenio de Enrique Peña Nieto. La narrativa oficial es contundente: se busca combatir la corrupción y defender el ahorro de los trabajadores mexicanos.
Se mencionaron condonaciones millonarias a empresas, citando como ejemplo a Geo. La conexión de un hijo del dueño de Casas Geo con el PAN fue presentada como prueba de los supuestos vínculos entre corrupción y oposición. Se prometió, además, una reforma al Infonavit para mejorar la transparencia. “Se acabaron los privilegios”, parecía resonar implícitamente.
Sin embargo, la cronología de estos anuncios genera dudas. A días del cierre del año y en plena campaña electoral rumbo a 2025, la sospecha de oportunismo político planea en el ambiente. La falta de datos concretos, nombres de empresas involucradas y cifras exactas de las pérdidas, deja un vacío considerable. La investigación se enfoca principalmente en administraciones anteriores, lo cual crea una narrativa binaria: “ellos sí robaban, nosotros no”. Falta un análisis más profundo de las estructuras que permiten la corrupción, más allá de los nombres señalados.
La investigación se centra en:
- Condonaciones de impuestos multimillonarias.
- Vínculos entre empresas y partidos políticos.
- Falta de auditorías previas en el Infonavit.
El tiempo, sin duda, será el juez definitivo de esta historia.