México protege su industria textil con aranceles del 35%
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El Diario de SonoraEl pasado jueves 19 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su conferencia matutina un ambicioso paquete de medidas para revitalizar el sector. El anuncio, enmarcado en la preocupante pérdida de empleos en los últimos años –se mencionan 75,000 empleos perdidos en el Estado de México y 79,000 a nivel nacional–, promete proteger a la industria textil mexicana de prácticas desleales.
El núcleo de las medidas consiste en un significativo incremento arancelario: un 35% para mercancías textiles confeccionadas y un 15% para las intermedias. Adicionalmente, se impondrán restricciones a las importaciones a través del programa IMMEX, con el objetivo declarado de frenar el "contrabando técnico". El gobierno asegura que estas acciones buscan proteger 400,000 empleos.
Sin embargo, la estrategia del gobierno no está exenta de críticas. Se ha señalado la falta de transparencia en la información. Si bien se menciona la identificación de 40 agencias aduanales con irregularidades y la cancelación de siete patentes, no se han detallado las empresas involucradas ni el impacto real de las sanciones. "¿Qué pasa con las empresas implicadas?", cuestionan analistas.
La medida también ha generado debate respecto a su impacto en el consumidor final. El argumento oficial se centra en combatir precios "injustamente bajos" de las importaciones. Pero la pregunta crucial permanece: "¿A qué precio se considera 'justo'?". Se teme que la protección a empresas potencialmente ineficientes pueda traducirse en un aumento de los precios de los productos textiles para los mexicanos.
Otro punto crucial es la falta de un análisis profundo de las causas de la crisis en el sector. Si bien la competencia desleal es un factor, la automatización y la globalización también juegan un papel significativo. La ausencia de una estrategia a largo plazo que fomente la innovación y la competitividad dentro de la industria genera incertidumbre sobre la verdadera eficacia de las medidas anunciadas.
En resumen, el anuncio del gobierno representa una respuesta directa a una problemática real, pero sus implicaciones requieren un análisis más exhaustivo. La falta de datos precisos y la ausencia de una estrategia integral plantean dudas sobre su impacto a largo plazo en la economía y en la vida de los consumidores mexicanos.
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