La conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 23 de diciembre de 2024, puso el foco en la continuidad de la “cuarta transformación”. Se destacaron megaproyectos como el Tren Maya y la expansión de las carreteras estratégicas, junto a un ambicioso programa de abastecimiento de agua potable. La sustitución de importaciones y la atracción de inversión extranjera fueron presentadas como las palancas del crecimiento económico.
Sin embargo, la falta de un análisis de costo-beneficio profundo es una de las principales preocupaciones. “Estos puntos, aunque atractivos en teoría, carecen de un análisis profundo de su viabilidad económica y social”, señala un analista financiero consultado por nuestro medio. El éxito de estas iniciativas depende crucialmente de la eficiente gestión de recursos y la superación de la burocracia, aspectos en los que el gobierno anterior tuvo resultados mixtos.
La opacidad en la asignación de contratos y la financiación de estos megaproyectos, junto con la posible afectación ambiental, generan aún más dudas. Se plantearon planes de bienestar social, pero la medición de su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad –problemas estructurales del país– sigue sin ser clara. De igual forma, la estrategia de manejo de la migración, aunque se describió como humanista, no especifica medidas concretas para proteger a los migrantes en tránsito, dejando abiertas las interrogantes sobre la colaboración con Estados Unidos.
Un punto particularmente delicado es la defensa del maíz criollo y la prohibición del maíz transgénico. Si bien la protección de la biodiversidad es un objetivo laudable, esta decisión podría tener consecuencias negativas para las exportaciones mexicanas, especialmente hacia Estados Unidos y Canadá. El año 2025, declarado “Año de la Mujer Indígena”, si bien un gesto simbólico importante, no ofrece una estrategia integral para abordar la profunda desigualdad que viven las mujeres indígenas en México.
La presentación del Plan se centra en una visión optimista, pero la falta de datos concretos y un análisis crítico de las políticas previas deja un vacío informativo. La promesa de un desarrollo inclusivo y sostenible depende de la capacidad del gobierno para transformar este discurso político en resultados tangibles. El futuro dirá si el plan se traduce en progreso real o en un estancamiento disfrazado.