La noticia, anunciada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el 26 de diciembre de 2024, durante su conferencia matutina, presentó a la nueva funcionaria como una figura de “honestidad y especialidad en derecho penal.” Pero más allá de las declaraciones oficiales, surgen interrogantes sobre el proceso mismo.
Se destaca que la elección se realizó mediante una comisión del Congreso, supuestamente independiente de la administración. Sin embargo, la falta de información pública detallada genera suspicacias. ¿Cómo se llevó a cabo la selección? ¿Cuántos candidatos participaron? ¿Cuáles fueron los criterios de evaluación?
La opacidad que rodea el nombramiento resulta preocupante. La Ciudad de México, según la propia Sheinbaum, es la única entidad donde la fiscal es designada por una comisión sin la participación directa de la jefa de gobierno. Esta aparente independencia, sin embargo, se ve debilitada por la falta de transparencia.
Surge la pregunta: ¿Fue esta una estrategia para deslindar responsabilidades futuras? ¿Una forma de evitar cuestionamientos si la nueva fiscal no cumple con las expectativas o, peor aún, si se ven involucrados actos de corrupción?
La cercanía del nombramiento con las vacaciones de fin de año alimenta las dudas. El silencio sobre detalles cruciales del proceso, contrastado con las elogiosas palabras hacia la elegida, invita a pensar si se trata de una maniobra para proyectar una imagen de legitimidad que, en realidad, podría ocultar una estrategia para controlar una institución tan vital como la Fiscalía.
La falta de respuestas a preguntas básicas sobre el proceso de selección genera una atmósfera de desconfianza. La ausencia de información pública detallada sobre los candidatos, el proceso de evaluación y los criterios empleados deja un vacío que solo alimenta las especulaciones. Los detalles son cruciales para determinar si se trató de un proceso legítimo o una decisión política.
El proceso de designación, en lugar de fortalecer la confianza en el sistema, ha generado dudas sobre la verdadera independencia de la Fiscalía. La falta de información, más que aclaraciones, deja espacio a interpretaciones y cuestionamientos.