El gobierno de Claudia Sheinbaum se adjudicó este logro, celebrando la lucha contra la corrupción y la promoción de la equidad fiscal. Sin embargo, un nombre resonó con fuerza en los pasillos del poder, eclipsando parcialmente esta buena nueva: Ricardo Salinas Pliego.
El empresario, conocido por sus fuertes opiniones y sus confrontaciones previas con el gobierno, se encuentra en medio de una disputa fiscal de larga data. Mientras el gobierno destaca sus avances en recaudación, la falta de una resolución definitiva al caso Salinas Pliego genera un incómodo contraste. La presidenta, en la conferencia, se limitó a “esperar la resolución de los tribunales”, una respuesta que, para muchos, careció de la contundencia esperada.
La situación es compleja. Por un lado, el incremento en la recaudación fiscal es indiscutible. Por otro, la aparente lentitud del proceso judicial contra Salinas Pliego alimenta la suspicacia. Algunos analistas señalan que la transparencia, tan pregonada por la actual administración, parece tener matices. Se cuestiona si la eficiencia fiscal es equitativa para todos, o si la influencia de poderosos empresarios todavía juega un papel significativo.
Los detalles del caso son escasos. Se habla de una deuda fiscal significativa, pero la falta de información pública hace difícil discernir la verdadera dimensión del problema. El silencio oficial, o la evasiva respuesta presidencial, no hacen más que avivar las especulaciones. ¿Es un caso aislado? ¿O representa una realidad más amplia en la que la recaudación récord coexiste con la incertidumbre legal de figuras empresariales influyentes?
El año cerró con una interrogante en el aire, una discrepancia entre el éxito financiero anunciado y las dudas que persisten sobre la aplicación imparcial de la ley. La situación deja entrever una realidad más nuanciada de lo que las cifras oficiales sugieren.