Este apoyo representa un hito en la política social del país, garantizando un ingreso a lo largo de la vida de las personas con discapacidad y combatiendo la pobreza estructural que afecta a este grupo vulnerable.
Sin embargo, los desafíos persisten. Casos recientes de discriminación en espacios públicos, como los incidentes reportados en Monterrey y Veracruz, evidencian la necesidad de una transformación cultural profunda en torno a los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Si bien la pensión es un avance, queda mucho por hacer en términos de acceso al empleo, movilidad urbana, educación y sensibilización social. La propia presidenta reconoció que aún existen barreras que limitan el desarrollo pleno de este sector.
La creación de una guía de respuesta humanitaria y la participación de organizaciones civiles son pasos importantes, pero insuficientes. Es crucial que las autoridades den seguimiento a estas propuestas y que se garantice la accesibilidad en todos los niveles. Además, es necesario involucrar al sector privado y a los medios de comunicación para promover un discurso inclusivo que refleje el respeto y la dignidad que merecen todas las personas.