El epicentro de esta tensión reside en la promesa, hecha realidad, del presidente estadounidense Donald Trump de realizar deportaciones masivas. Este anuncio, reiterado en su discurso inaugural, ha generado un efecto dominó que ha llegado hasta los más de 30 albergues para migrantes que operan en la ciudad, según datos oficiales de Baja California.
El temor a una crisis humanitaria es palpable.
“Hay nerviosismo colectivo (…) por las decisiones que tome la administración del presidente Trump”, declaró Jamie Marín, director del albergue Jardín de las Mariposas, a CNN. Sus palabras reflejan la ansiedad que se extiende entre los trabajadores humanitarios. Pat Murphy, directora de la Casa del Migrante desde 2013, lo confirma: “El mayor reto es no saber qué va a pasar; me estoy preparando mentalmente”.
Ante esta situación, el gobierno de Tijuana ha tomado una medida drástica: declarar el estado de emergencia. Esta decisión, calificada de "preventiva" por el alcalde Ismael Burgueño Ruíz, permitirá acceder a fondos para afrontar una posible oleada de deportados. Se habilitarán espacios adicionales, pero la problemática va más allá de la simple provisión de camas.
Las necesidades son múltiples y complejas, según señalan los trabajadores humanitarios.
Se necesita:
- Más recursos económicos para alimentación.
- Servicios médicos integrales.
- Programas de retorno voluntario.
- Programas de integración y empleo.
- Atención específica para personas de la diversidad sexual.
- Servicios de salud mental.
El gobierno federal mexicano también ha anunciado la creación de nuevos albergues en ciudades fronterizas y el apoyo a las caravanas de migrantes. Datos del gobierno mexicano indican que entre enero y agosto de 2024, más de 30,000 migrantes estuvieron en Tijuana en algún momento. La respuesta a esta situación es compleja, y la magnitud del desafío se hace cada vez más evidente.