En este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales han anunciado una iniciativa crucial: la revisión exhaustiva de los antecedentes penales de todas las personas deportadas de Estados Unidos. Esta acción, que promete un análisis minucioso, se centra en la seguridad nacional y la prevención del delito.
Según información obtenida, la verificación se llevará a cabo mediante la colaboración entre las instancias federales y estatales. El proceso abarcará la consulta de bases de datos nacionales e internacionales, buscando identificar cualquier registro criminal previo.
Este proyecto no solo implica el análisis de antecedentes penales, sino que también considera la creación de un sistema de seguimiento que permita monitorear la reinserción social de estas personas. Se espera que este sistema ayude a las autoridades a identificar posibles riesgos y a proporcionar, en su caso, el apoyo necesario para su reintegración a la sociedad mexicana.
Se espera que, a través de este mecanismo, se puedan identificar posibles amenazas a la seguridad pública y, al mismo tiempo, garantizar un proceso de reintegración justo y eficaz para los deportados. La transparencia y la colaboración interinstitucional serán claves para el éxito de esta iniciativa.
Los detalles sobre la implementación y el alcance de este programa se irán revelando en las próximas semanas, a medida que se consolida la colaboración entre las diferentes fiscalías y se definen los protocolos de actuación. El objetivo primordial es asegurar la seguridad de la población mexicana.