En el centro de la discusión se encuentran los alcaldes de San Nicolás y Apodaca, Daniel Carrillo y César Garza, respectivamente. Ambos han expresado su firme rechazo a una propuesta del Gobierno del Estado relacionada con el cobro en las rutas de transporte gratuitas implementadas en sus municipios.
El alcalde Carrillo fue contundente: "Creo que es una peripecia, una mala jugada, están fuera de lugar. Es un error garrafal, no están escuchando a la población." Su postura se basa en la eficiencia del sistema actual, argumentando que la propuesta estatal ignora las necesidades de los ciudadanos. San Nicolás, con tan solo 8 unidades, moviliza a cerca de 30,000 personas semanalmente, demostrando la alta demanda y la efectividad del servicio.
Por su parte, el alcalde Garza de Apodaca, explicó una curiosa anécdota sobre cómo se enteró de la propuesta: "Mira, curiosamente, me enteré primero por una página de memes que me etiquetaron y pensé que era eso, un meme." Aunque su reacción inicial fue de incredulidad, Garza aclaró que, a diferencia de su colega de San Nicolás, sí estaría dispuesto a colaborar en la entrega de datos al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), siempre y cuando esto no implique un cambio en el funcionamiento de los programas "Circuito Contigo" y "Directo Contigo", que transportan a más de 15,000 personas cada semana.
El conflicto radica en la intención del Gobierno Estatal de instalar validadores en las unidades municipales gratuitas. Carrillo se opone, argumentando que San Nicolás ya cuenta con un sistema de control adecuado a través de aplicaciones y GPS. La situación deja en claro la existencia de diferentes perspectivas sobre cómo abordar la problemática del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey.
Aspectos relevantes como la eficiencia de los sistemas municipales, la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la importancia de priorizar las necesidades ciudadanas, se encuentran en el centro del debate. La discrepancia entre las autoridades municipales y el Gobierno Estatal plantea interrogantes sobre la coordinación interinstitucional y la implementación de políticas públicas.