Discriminación a familia lesbomaternal en Matamoros: Registro de bebé negado
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Leonora LagardaEste es el caso de una pareja de mujeres de Matamoros, Tamaulipas, quienes se enfrentaron a un obstáculo inesperado al intentar registrar a su bebé en el Registro Civil local. El trámite, que debería ser expedito, se vio frenado por lo que la pareja denuncia como discriminación. La situación obligó a la familia a buscar ayuda legal y a trasladarse a otro municipio para finalmente realizar el registro.
La Asociación México Igualitario, liderada por Mercurio Espinoza, ofreció su apoyo jurídico a la familia. Espinoza documentó el caso a través de sus redes sociales, explicando la problemática y la necesidad de capacitación para funcionarios públicos en temas de diversidad sexual y derechos de las familias homoparentales. Su publicación en Facebook muestra una imagen de la familia en la primera oficialía del Registro Civil de Tampico, realizando el trámite que les fue negado en su ciudad.
Según Espinoza, “la falta de capacitación de los funcionarios públicos a temas que ya están completamente legalizados provoca este tipo de situaciones donde tanto personas como parejas tienen que trasladarse de un punto a otro y eso genera gastos, solicitudes de permiso en los trabajos, tiempo y dinero.” El caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor sensibilización y capacitación para garantizar la igualdad de derechos y un trato digno a todas las familias.
El registro de la bebé, finalmente realizado en Tampico, representa un pequeño triunfo en la lucha por la igualdad, pero también subraya la persistencia de obstáculos para familias lesbomaternales en el ejercicio de sus derechos básicos. El costo emocional y logístico de este proceso para esta familia es una clara señal de que aún queda un largo camino por recorrer.
La situación, además, expone una realidad: la discrepancia entre la legalidad de los derechos LGBTQ+ y su aplicación efectiva en algunos municipios del país. La falta de uniformidad en la interpretación y aplicación de la ley refleja la necesidad de un mayor compromiso con la capacitación y la sensibilización de los funcionarios públicos a nivel nacional.
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