Sheinbaum asegura que mexicanos deportados no irán a Guantánamo

Recientemente, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó un desafío diplomático de envergadura: la posibilidad de que ciudadanos mexicanos fueran deportados a la base naval de Guantánamo, en Cuba. Un escenario que, de concretarse, habría generado una crisis humanitaria y política de gran magnitud.
La clave para entender la situación reside en una rápida y eficiente acción diplomática. “En cuanto el Gobierno del presidente Trump informó que iba a llevar personas a Guantánamo, nosotros hicimos una nota diplomática ese mismo día”, explicó Sheinbaum en una conferencia de prensa. Esta nota, enviada por el entonces canciller Juan Ramón de la Fuente a la embajada estadounidense, marcó un punto de inflexión.
Si bien las notas diplomáticas suelen mantenerse en reserva, la importancia del caso ameritó su revelación pública. La respuesta de Estados Unidos a la nota mexicana fue contundente: “Ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México”. Este compromiso, aunque no explicitado públicamente hasta ahora, aseguró el regreso de cualquier connacional deportado a territorio mexicano.
El trasfondo de esta crisis se centra en una polémica decisión del gobierno de Donald Trump: la ampliación del centro de internamiento de Guantánamo para albergar hasta 30,000 migrantes. Aunque se argumentó que la medida estaba dirigida a migrantes con antecedentes penales o vinculados a grupos delictivos como el Tren de Aragua, la operación se caracterizó por su opacidad y falta de transparencia.
La falta de información pública sobre los detenidos y los supuestos delitos cometidos, generó una ola de incertidumbre y preocupación. Incluso, un tribunal federal de Estados Unidos recibió una demanda que buscaba impedir estas deportaciones, alegando la arbitrariedad de las acciones del gobierno de Trump. La demanda, presentada en nombre de diez migrantes –siete de ellos venezolanos–, puso en evidencia las vulnerabilidades del proceso.
La eficaz respuesta diplomática del gobierno mexicano evitó una situación potencialmente catastrófica. La certeza de que los mexicanos deportados de Estados Unidos regresarían al país, brinda un respiro en un contexto internacional complejo y cambiante. La discreción y la eficiencia de las acciones diplomáticas realizadas se revelan ahora como un factor determinante para la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos.