FGR solicita a Estados Unidos extradición de socia de la Guardería ABC

La Fiscalía General de la República mexicana (FGR) confirmó ayer que solicitó a Estados Unidos la extradición a México de Sandra Téllez, socia de la Guardería ABC en el estado de Sonora, donde en 2009 murieron en un incendio 49 niños, y que EE.UU. detuvo el pasado fin de semana.
En un comunicado, la FGR recapituló que Téllez, prófuga desde 2022, “fue detenida por las autoridades norteamericanas en razón de que, habiendo sido sentenciada en México por un juez federal en dicho caso, incumplió con la condena de libertad condicional, y huyó hacia los Estados Unidos”.
Al respecto, las Fiscalía también informó que, desde septiembre de 2024, gestionó a través de la cancillería mexicana “la detención provisional con fines de extradición de dicha persona”, lo que facilitó su captura en Tucson, Arizona, por parte de las autoridades estadounidenses, quienes indicaron que el 8 de octubre próximo se llevará a cabo la audiencia correspondiente.
En una carta abierta firmada por la organización Manos Unidas por Nuestros Niños, los padres de las víctimas alegan que una firma de abogados estadounidenses estaría solicitando asilo político para la socia de la guardería, con el argumento de una supuesta persecución política.
A Téllez Nieves se le señala como socia dueña de la Guardería ABC, en Hermosillo, capital de Sonora.
En 2016, se sentenció a Téllez a 28 años, 11 meses y 4 días de cárcel, pero tras varias apelaciones y amparos su condena se redujo a 5 años y 7 meses de cárcel, aunque se encontraba prófuga de la justicia. Desde febrero de 2022, Téllez cuenta con una orden de reaprehensión.
En la conflagración fallecieron 25 niñas y 24 niños menores de cinco años y sobrevivieron más de setenta infantes con quemaduras severas en su cuerpo y más de 39 con afectaciones en su organismo.
La guardería tenía las salidas de emergencias bloqueadas e incumplía con las medidas de seguridad, pese a lo cual nadie está en prisión por su responsabilidad en el incendio.
Aunque se han fijado responsabilidades a más de veinte exfuncionarios públicos, muchos han muerto y quienes están vivos no han recibido sentencia.
Las familias de las víctimas han denunciado que existen órdenes de aprehensión, pero las autoridades no las ejecutan, mientras que funcionarios públicos y socios de la Guardería ABC permanecen impunes.