Madre lucha contra Trump por la educación de su hijo con discapacidad
... 
Nicol Matuz ScottSu hijo, de 13 años, enfrentaba exclusiones en su escuela. Tras algunos episodios de agresividad, fue aislado durante meses, con un acceso limitado a profesores de educación especial. Rebecca, con la ayuda de un abogado y un defensor educativo, presentó una queja ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de Estados Unidos en octubre de 2024, alegando discriminación y violación de la ley federal sobre discapacidad. "Había sido discriminado y se le había negado una educación pública gratuita apropiada," declaró Rebecca.
En abril, un abogado de la OCR en Cleveland facilitaba la mediación con el distrito escolar. Sin embargo, la situación tomó un giro drástico. La administración Trump, en un movimiento sorpresivo, despidió a todo el personal de esa oficina, incluyendo al abogado que llevaba el caso de Rebecca. Esta decisión, anunciada en medio de una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, dejó a Rebecca y a otros padres en una situación de incertidumbre.
La orden ejecutiva, firmada por el presidente Trump, instruye a la Secretaria de Educación, Linda McMahon, a iniciar el “cierre” del departamento. Si bien la Secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, aseguró que el departamento no cerrará completamente, se anticipa una reducción significativa en su tamaño y funciones, incluyendo la OCR, que sufriría recortes drásticos en personal y escala. El 11 de marzo se implementaron drásticos recortes, reduciendo a la mitad el personal del departamento.
El impacto fue inmediato. Siete de las doce oficinas regionales de la OCR fueron cerradas, incluyendo las de importantes ciudades como Nueva York, Filadelfia, Chicago y San Francisco. La oficina de Cleveland, clave en el caso de Rebecca, fue eliminada completamente. Un abogado de dicha oficina, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, describió la situación como "una sensación de desesperación total." La preocupación se centra no solo en los casos individuales en curso, sino en el impacto a largo plazo de estos recortes en la educación de niños con discapacidades.
Este repentino desmantelamiento generó preocupación entre padres y abogados, quienes ya venían reportando retrasos y escasez de personal en la OCR. La agencia, encargada de garantizar el cumplimiento de las leyes de derechos civiles en las escuelas, enfrenta un volumen abrumador de casos (22,687 en el año fiscal 2024) con una plantilla disminuida considerablemente (de 1100 empleados en 1981 a 588 en 2024). Además, se han reportado cambios en la dirección de la OCR, priorizando ciertos tipos de casos como el antisemitismo y aquellos relacionados con atletas transgénero en universidades.
Mientras tanto, Rebecca tomó la decisión de trasladar a su hijo a una escuela especializada para estudiantes con discapacidades emocionales. A pesar de esto, continúa buscando justicia y una solución para que su hijo reciba la atención que merece. El caso fue transferido a la oficina de Denver, pero la incertidumbre persiste. "Lo trataron tan mal y de forma tan diferente debido a la manera en la que está estructurado su cerebro," finaliza Rebecca, expresando su deseo de que se haga justicia y se rindan cuentas por el trato recibido.
Más Noticias
