Trump desmantela el Departamento de Educación: Arizona en alerta

El jueves pasado, el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que, según fuentes oficiales, pretende desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Esta decisión, 45 años después de la creación de la agencia, ha provocado un terremoto político en Arizona, un estado que recibe una significativa cantidad de fondos federales para la educación.
Nancy Gutiérrez, representante estatal de Arizona y líder de la minoría demócrata, expresó su preocupación a través de un video en redes sociales. “No dudo que este acto ilegal será impugnado en los tribunales, pero ¿cuánto daño le causará a nuestro estado y a nuestros niños?”, cuestionó Gutiérrez, maestra de escuela en Tucson. Señaló que la orden representa un “ataque directo” contra estudiantes con discapacidades, comunidades de bajos recursos y poblaciones nativas, previendo un impacto devastador en la financiación federal, estimada en aproximadamente mil millones de dólares anuales.
Por otro lado, el congresista republicano de Mesa, Andy Biggs, minimizó el impacto de la orden, afirmando que "el Congreso tendría la última palabra sobre el futuro de los mandatos federales ya vigentes". Biggs aseguró que los fondos seguirían llegando a los estados y que la cuestión clave radica en el futuro de mandatos federales relacionados con programas como Common Core y la educación especial. “Francamente, a menos que el Congreso tome medidas, esos mandatos seguirán vigentes y tendremos que averiguar qué sucederá”, declaró.
Beth Lewis, directora de Save Our Schools, pintó un panorama aún más sombrío. Para Lewis, la incertidumbre generada por la orden presidencial está causando un verdadero caos en los distritos escolares de Arizona. “La administración Trump ha sumido nuestras escuelas en el caos,” afirmó, destacando la dificultad para planificar presupuestos y contratar personal ante la inestabilidad financiera. El Departamento de Educación de Estados Unidos aporta aproximadamente el 20% de la financiación federal a las escuelas de Arizona.
La falta de claridad sobre el impacto de la orden en programas específicos, como los relacionados con discapacidades y el Título 1, alimenta la tensión. Si bien la Casa Blanca asegura que las "funciones críticas" continuarán, la incertidumbre persiste sobre la aplicación de políticas antidiscriminatorias y la representación legal para familias que presentan denuncias de derechos civiles. Un ejemplo citado fue el acuerdo del año pasado con las escuelas chárter Legacy Traditional por discriminación a estudiantes no angloparlantes.
La situación deja en vilo a miles de estudiantes, educadores y administradores en Arizona, con un futuro educativo que se presenta incierto y lleno de interrogantes.