México, DF
Cinco de los siete miembros del Tepjf se pronunciaron en contra de invalidar la elección.
La mayoría de los miembros del máximo tribunal electoral de México se pronunciaron el jueves por rechazar una solicitud de la izquierda para invalidar los resultados de los recientes comicios presidenciales que dieron el triunfo a Enrique Peña Nieto, lo cual, de ser convalidado, marcaría el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de 12 años de su histórica derrota.
Cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijeron estar a favor de un proyecto que será votado en las próximas horas y el cual establece que las pruebas presentadas por la izquierda son insuficientes para concluir que hubo irregularidades que alteraron los resultados de la elección del 1 de julio pasado.
Afuera de las instalaciones del tribunal, manifestantes se pronunciaban contra la posible validación de la elección y coreaban consignas como “¡No a la imposición!”. Otros alzaban pancartas como una en la que se leía “México votó. Peña no ganó”.
Después de que la mayoría de los magistrados se pronunciaron por no anular la elección, unos 100 manifestantes arrancaron y derribaron algunas vallas metálicas con las que se resguardan las instalaciones del organismo, aunque no lograron ingresar hasta el interior del recinto.
Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la izquierda que quedó en el segundo lugar de los comicios, sostiene que Peña Nieto se vio favorecido por una compra de al menos cinco millones de votos, por la cobertura de medios de comunicación, el uso de encuestas como propaganda, y por presuntamente haber rebasado el límite de gasto de campaña.
Para cada uno de los señalamientos de la izquierda, el proyecto señaló que las pruebas eran insuficientes o infundadas.
“Verificamos si en verdad se habían comprado cinco millones de votos”, dijo el magistrado Salvador Olimpo Nava, uno de los tres miembros de una comisión que elaboró el proyecto. “Vimos que no se acreditaban estas pruebas”, aseguró.
Flavio Galván, otro de los magistrados que participó en la redacción del proyecto, afirmó que la mayoría de los elementos presentados por la izquierda son “vagos, genéricos, imprecisos”.
Los magistrados Pedro Penagos, María del Carmen Alanís y Manuel González Oropeza también se pronunciaron por desechar la impugnación. Aún faltaba que se pronunciaran otros dos miembros del tribunal y después votar formalmente el proyecto.
“No hay acreditamiento de las irregularidades”, afirmó González.
El conteo de las elecciones dio a Peña Nieto 38,21% de los votos; seguido por López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo 31,59% de los sufragios.
“En el proyecto se propone desestimar la pretensión de nulidad de la elección de presidente”, señaló un funcionario del tribunal que leyó la propuesta de la comisión de tres magistrados.
El PRI ha negado haber incurrido en irregularidades y ha arremetido contra el izquierdista por no reconocer su derrota, como ocurrió en 2006 cuando López Obrador también compitió por la presidencia y desconoció los resultados al argumentar un fraude en su contra.
De confirmarse el proyecto, el procedimiento legal señala que el Tribunal Electoral tendrá que realizar una nueva sesión para anunciar el cómputo definitivo de los comicios y posteriormente declarar al ganador como presidente electo.
En 2006, cuando el conteo de la elección también lo colocó en el segundo lugar, López Obrador impugnó los comicios y previo a que el tribunal resolviera encabezó bloqueos y cierres viales en la ciudad de México.
Esta vez el izquierdista no ha hecho lo mismo, aunque algunos grupos sociales, incluidos estudiantes universitarios, han realizado marchas callejeras para protestar contra lo que ven como una “imposición” de Peña Nieto.
López Obrador sostiene que el PRI compró al menos cinco millones de votos, se vio favorecido por medios televisivos, utilizó encuestas como propaganda y rebasó el límite de gasto de campaña, lo cual probaría que las elecciones no fueron libres y equitativas, como lo marca la constitución.