Piden 172 reporteros protección al gobierno

México.

De enero a julio de este año se registraron 41 casos en la Segob. El índice de impunidad en las investigaciones es de 81%: CNDH
“¿Están todos bien?”, preguntó Indalecio a sus cuatro hijos. Diego, el mayor de 12 años, no contestó. Recibió parte de las balas que iban dirigidas a su padre, fundador de una estación de radio comunitaria en el municipio de Luvianos, Estado de México.
Indalecio Benítez no recibió ninguna amenaza previa al atentado que sufrió el 2 de agosto de 2014, pero la barra de programación de su estación de radio incluía un noticiario en el que denunció los abusos de los policías del Estado de México y señaló actividades del crimen organizado. Luvianos, su tierra natal, conocida como “el triángulo de las brechas”, separa al Estado de México de Michoacán y Guerrero.
 Al regresar a su casa después de cenar antojitos mexicanos, vio a hombres encapuchados salir del inmueble: “Le dije a mis hijos, ‘agáchense, nos van a atacar’. Y los tres que iban atrás se agacharon. Yo le di el acelerón al coche y escuché los disparos. Se escuchó como hueco; eso fue todo. Me doy a la fuga y me interno en la Marina [retén más cercano a su casa]. Les preguntó: ‘¿Vamos bien?’, y me dicen ‘sí’. Pero nunca me concentré en mi otro hijo. Y al llegar a la Marina me dice uno: ‘Papá, Dieguito se desmayó’. Bajo y lo agarro, y me percato que está muerto”, recuerda.
Después del entierro de su hijo, Indalecio Benítez y su familia se refugiaron con su propio dinero en la ciudad de México. Buscaron ayuda de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales lo representaron para obtener posteriormente la protección de la Secretaría de Gobernación (Segob). Él es uno de los cinco periodistas que vive “en el exilio” y bajo la cobertura del llamado Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, operado por la dependencia federal.
De 2012 a la fecha, la Segob ha atendido 172 solicitudes de periodistas para obtener dicha protección. En lo que va de este año [enero a julio] 41 se inscribieron al mecanismo.
En 2012, únicamente cuatro personas solicitaron la protección, pues la ley que creó el instrumento era reciente. En 2013 se registraron 54 solicitudes y en 2014 fueron 73.
El reporte más reciente del mecanismo muestra que hay cinco periodistas y sus familias trasladados de su estado natal al DF. De los cinco, dos son originarios de Veracruz, uno del Estado de México; otro de Guerrero y uno más de Baja California.
Sin embargo, existe una cifra negra, porque la mayoría de los reporteros determinan no solicitar la ayuda de Segob y sólo reportan su caso a distintas ONG o tramitan una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o ante los organismos locales.
Precisamente, datos de la CNDH públicos en la Recomendación general no. 20 sobre agravios contra periodistas en México y la impunidad imperante, muestran que los ataques contra este gremio aumentaron 700% entre 2000 y 2013, al pasar de 13 a 98 casos documentados por este organismo. Y calcula un índice de impunidad de 81% en las investigaciones relacionadas con la agenda de la libertad de expresión.
Tensión en el gremio
El reciente asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa en el DF, días después de que señaló públicamente al gobierno de Javier Duarte por presionar y amenazar a periodistas críticos, generó “mucha tensión” entre representantes de medios de comunicación inscritos en el mecanismo de la Segob y otros refugiados en la capital con ayuda de las ONG.
La coordinadora ejecutiva nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, Sara Irene Herrerías Guerra, confirmó que la muerte de Espinosa despertó la preocupación de los periodistas veracruzanos en la capital. “El fin de semana, ellos mismos nos buscaron [los periodistas de Veracruz radicados en el DF]. Además, estuve en contacto con otros casos y con la CNDH y la Comisión del DF. Todos estamos avocados en ello (atendiendo esta preocupación), y estamos trabajando en conjunto”, explicó la funcionaria.
Distintas ONG —integradas en Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio_ OSC)— estiman que hay 48 periodistas “desplazados” de su lugar de origen, y de éstos, al menos nueve veracruzanos que habían sido trasladados al DF como medida de seguridad pidieron ser reubicados nuevamente por el temor de ser encontrados. Esta cifra es independiente a los cinco casos de exilio que opera Segob.
Las organizaciones trabajan programas de apoyo que incluyen atención sicológica, registro en redes de apoyo, instalación de cámaras y plan de reacción inmediata.
Como Indalecio Benítez, quienes solicitan formalmente protección de la Segob o de una ONG, ejercen la actividad del periodismo y algunos también la defensa de derechos humanos. El principio jurídico bajo el que son protegidos es la defensa del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones.
Los registros de Gobernación muestran que Guerrero, Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Chiapas concentran el mayor número de reporteros en riesgo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez (PRD), quien representa a la Cámara Alta en la Junta de Gobierno del Mecanismo operado por Gobernación, identificó la “impunidad” y la complacencia de los gobernadores como los mayores obstáculos para garantizar la seguridad de los representantes de medios.
“La policía estatal está coludida. Hay algunos gobiernos estatales que actúan con una cínica —es una expresión dura, pero exacta—, con una cínica actitud de que no les importa lo que estén sufriendo los periodistas y defensores de derechos humanos, porque están actuando de manera reactiva frente a la omisión o frente a la posible comisión de posibles delitos”, comentó De la Peña.
En México, el crimen organizado no es la única amenaza para los periodistas. Se estima que 48% de las amenazas y presiones provienen de autoridades de los tres órdenes de gobierno, según Espacio_OSC.
“El mecanismo siempre está en una situación reactiva, y lo que tenemos que buscar es que resuelva un problema, pero también que se prevengan más casos, y eso no lo estamos logrando. ¿Por qué? Por la impunidad que permanece en las entidades: gobernadores que no controlan, presidentes municipales que muchas veces están involucrados, o gobernadores que actúan con aquiescencia”, dijo.

Ninguna sentencia condenatoria
Del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013 se integraron en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de periodistas y medios de comunicación.
La recomendación general número 20, emitida en 2013 y la más reciente sobre el tema, reporta en ese mismo periodo el asesinato de 85 periodistas, presumiblemente, por razón de su trabajo, y al corte de la revisión se había detectado la desaparición de 20, así como 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación, hechos ocurridos en 24 entidades.
En el Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborado por Espacio_OSC, advierte que “las amenazas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores rara vez son investigados efectivamente por autoridades federales y estatales, lo que genera un ambiente de impunidad que favorece la repetición de los ataques y ponen en entredicho la voluntad política del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones”.
Al respecto, Alan Mayo Flota, coordinador jurídico de la organización Propuesta Cívica, que participa en el mecanismo de protección federal y que concentra el mayor número de casos de defensoría legal de periodistas en riesgo, explicó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) requiere más personal y presupuesto.
Al 30 de abril de 2015, la FEADLE inició 690 averiguaciones previas, de las cuales se derivaron consignaciones en 78 casos, sin que a la fecha exista reporte de alguna sentencia condenatoria. Esta fiscalía trabaja con 12 agentes del Ministerio Público para los casi 700 expedientes en la República y con un presupuesto anual de apenas 30 millones de pesos.

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