El Diario de SonoraCDMX
La declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como objetivo la expulsión de las normas que son inconstitucionales del sistema jurídico; se requiere del voto de ocho ministros de la SCJN
El 31 de octubre vencerá el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de la Unión para realizar las reformas que avalen el uso lúdico de la marihuana, de lo contrario, el máximo tribunal del país estará en posibilidad de expulsar del sistema legal las normas que actualmente lo prohíben.
La declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como objetivo la expulsión de las normas que son inconstitucionales del sistema jurídico y, por lo tanto, beneficia a todas las personas y se requiere del voto de al menos 8 ministros de la SCJN.
La ministra Norma Piña es la encargada de elaborar el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad, el cual deberá ser presentado dentro de los días siguiente a la fecha en que venza el plazo para que el Congreso legisle en la materia.
Para el ministro en retiro José Ramón Cossío, la experiencia de los últimos 50 años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado y que, por lo tanto, la misma requiere ya de un cambio.
Cossío Díaz, concluye que es claro que la política que limita el acceso a sustancias controladas ha contribuido a incrementar la violencia y la corrupción asociadas a la delincuencia organizada, ha lastimado tanto a comunidades como a individuos, y ha generado un mercado negro de millones de dólares.
"Se debe elaborar un programa nacional en el que se fijen los objetivos, metas, estrategias y prioridades para delinear una política pública integral en materia de drogas. Asimismo, para que lleve a cabo la adecuación de los reglamentos correspondientes", expuso.
El ministro en retiro fue uno de los cuatro integrantes de la Corte que, en noviembre de 2015, estimó que el sistema de prohibición administrativa de las actividades correlacionadas al uso personal del cannabis, resulta inconstitucional por ser violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
"En estas circunstancias, urge un debate amplio, incluyente e informado que lleve a todas las autoridades del Estado mexicano y a la sociedad, a replantearse el modo de aproximación al fenómeno del consumo y producción de drogas".
"De no prever medidas exhortativas de carácter estructural, lejos de estar protegiendo los derechos de nuestros ciudadanos, los estaríamos poniendo en riesgo", advirtió Cossío.
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