Libros prohibidos en bibliotecas de San Diego: ¡La lucha por la libertad de lectura!
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Nicol Matuz Scott
Las bibliotecas públicas del condado de San Diego se unirán a la "Semana del libro prohibido" en septiembre, un evento nacional que promueve el acceso a libros desafiados y se opone a la censura. Esta decisión, aprobada por la Junta de Supervisores con una votación de 3 a 2, refleja una división ideológica, con los supervisores conservadores Joel Anderson y Jim Desmond oponiéndose a la medida. La supervisora Terra Lawson-Remer, que busca la reelección, propuso esta medida para destacar los títulos que enfrentan restricciones o intentos de eliminación en Estados Unidos.
La política también apoya el Proyecto de Ley de la Asamblea 1825, conocido como la "Ley de libertad de lectura de California", que pretende establecer nuevas reglas para la selección de libros en bibliotecas públicas estatales. Esta ley buscaría contrarrestar la censura en las bibliotecas al crear requisitos específicos para la gestión de colecciones y limitar la influencia de las juntas de bibliotecas en la restricción de materiales según temas u opiniones.
En todo Estados Unidos, las prohibiciones de libros han aumentado, afectando a títulos que abordan temas de identidad LGBTQ+, racismo, género y salud mental. Obras como 'Matar a un ruiseñor' y 'El diario de Ana Frank' se encuentran entre los más atacados. Aunque las bibliotecas escolares han sido el principal foco de estas restricciones, también ha habido intentos de eliminar libros de bibliotecas públicas, como el caso reciente en Rancho Peñasquitos.
El Proyecto de Ley 1825 requiere que las bibliotecas públicas tengan una política escrita sobre el desarrollo de sus colecciones y prohíbe restringir materiales por temas u opiniones. Mientras que los defensores, como la American Library Association, creen que esto protegerá la libertad de lectura y permitirá a los bibliotecarios tomar decisiones informadas, los críticos argumentan que el proyecto de ley socava la autoridad local de las juntas de bibliotecas y limita la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre sus colecciones.
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