Juez bloquea parte de ley de Texas que dificulta el voto

Un juez federal frena la ley de Texas que complicaba el voto por correo

Juez bloquea parte de ley de Texas que dificulta el voto
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La decisión del juez Xavier Rodríguez, que considera las restricciones inconstitucionales e ilegales, representa un importante triunfo para los defensores del derecho al voto. El juez Rodríguez, en su fallo de más de 70 páginas, encontró que las restricciones impuestas en 2021 por la Ley Senatorial 1 (SB1) para ayudar a votantes que necesitan asistencia para llenar o entregar su boleta de votación violan la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.

El juez determinó que la disposición, que permitía a las autoridades acusar de delitos graves a trabajadores de organizaciones que ayudan a ciertos votantes con su papeleta por correo, es confusa e invalida la libertad de expresión.

El gobierno de Texas, bajo la administración del gobernador republicano Greg Abbott, ha intensificado su esfuerzo por combatir el "fraude electoral", repitiendo las teorías infundadas del expresidente Donald Trump de que miles de migrantes intentarán votar en los próximos comicios. Sin embargo, no hay evidencia que respalde estas acusaciones.

La decisión del juez Rodríguez no se pronuncia sobre la totalidad de la ley SB1, pero su bloqueo a la disposición representa una victoria para los defensores del derecho al voto. "Que todos los votantes de Texas vean en esta decisión (del juez) un reconocimiento de su derecho inviolable y férreo a emitir su voto en las elecciones de noviembre", dijo Thomas Saénz, presidente y asesor general de MALDEF.

Nina Perales, abogada de MALDEF, advierte que "organizaciones como LUPE pueden volver a hablar con los votantes en reuniones comunitarias y a través de campañas en los vecindarios sin preocuparse de que su personal sea procesado por la ley".

La decisión llega en un momento crítico, justo cuando las autoridades texanas han allanado las casas de varios activistas y políticos latinos en el estado, en lo que legisladores y líderes de los derechos civiles han calificado como una táctica de "intimidación electoral". 

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