El incidente, ocurrido el pasado domingo, ha dejado a las autoridades con un desafío mayor: identificar a la víctima debido a la gravedad de las quemaduras sufridas, según reportó la AP.
Zapeta Calil, quien ya había sido deportado a Guatemala en 2018 después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos por Arizona, volvió a cruzar la frontera. Este detalle ha enredado el caso en un debate nacional sobre control fronterizo y la severidad de las sanciones para quienes reinciden. Ahora, enfrenta cargos estatales de asesinato e incendio premeditado, con la posibilidad de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, según la fiscalía del distrito de Brooklyn.
Pero la situación toma un giro inesperado con la intervención del alcalde Eric Adams. En un movimiento que ha generado controversia, Adams ha solicitado al gobierno federal que presente cargos de incendio premeditado contra Zapeta Calil, buscando una colaboración con el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). “Encender a un ser humano y verlo arder vivo refleja un nivel de maldad que no puede ser tolerado,” declaró Kayla Mamelak, portavoz del Ayuntamiento, a la AP, describiendo el incidente como "atroz".
Esta decisión de Adams ha generado especulación. Algunos analistas, como Hank Sheinkopf, sugieren que podría ser un intento estratégico para alinearse con la postura anti-inmigración de la futura administración Trump, un posible “gesto para cooperar con la propuesta de Trump de arrestar, procesar y deportar a los migrantes criminales”, según Sheinkopf.
El estatuto federal que busca aplicar Adams establece una condena de entre 25 años y cadena perpetua, pudiendo llegar a 40 años si se comprueba el uso de propiedad vinculada al comercio interestatal. Esta posibilidad de mayor condena, a pesar de la ya severa pena estatal, abre un nuevo capítulo en el caso.
Las repercusiones del caso se extienden más allá de los tribunales. Se observa una clara división entre sectores conservadores, que celebran la decisión de Adams, y líderes progresistas, preocupados por un posible debilitamiento del estatus de ciudad santuario de Nueva York. El alcalde, además, considera la posibilidad de emitir órdenes ejecutivas que podrían modificar este estatus, un cambio significativo en la política migratoria local.
El caso de Zapeta Calil, por lo tanto, se convierte en un microcosmos de las complejidades del sistema migratorio, la justicia penal, y la dinámica política en Estados Unidos, dejando abierta la pregunta sobre el futuro de la colaboración entre las autoridades locales y federales en casos de inmigración.