En medio de esta controversia, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha emitido una contundente advertencia a los hospitales del estado. Su carta, dirigida a los centros sanitarios neoyorquinos, recalca la importancia de cumplir con las leyes estatales contra la discriminación, incluso ante las recientes medidas tomadas a nivel federal.
La situación se complica tras la firma de una orden ejecutiva por parte del Presidente Trump, la cual prohíbe el tratamiento de reafirmación de género para menores de 19 años, calificándolo como "mutilación sexual". Esta orden, además, amenaza con recortar los fondos federales a instituciones que continúen ofreciendo estos servicios. La decisión generó una rápida respuesta, con cerca de veinte estados, incluyendo Nueva York, presentando una demanda para bloquear la ejecución de esta medida.
La fiscal James deja claro en su misiva que la amenaza de perder financiamiento federal no justifica la negación de servicios de transición de género. Ella argumenta que: "Negar servicios como la terapia hormonal a personas trans, mientras se ofrecen esos servicios a otros pacientes, se considera discriminación ilegal según la ley estatal". La Ley de Derechos Humanos de Nueva York protege explícitamente la identidad y la expresión de género, reforzando la postura de la fiscal.
El impacto de la orden ejecutiva de Trump ya se está sintiendo. Según reportes del medio digital Gothamist, el hospital NYU Langone comenzó a cancelar citas de afirmación de género para pacientes menores de 19 años, tras conocerse la orden presidencial. Este hecho ilustra la inmediatez del impacto de las políticas federales sobre la vida de las personas trans en Nueva York.
El contexto abarca una serie de políticas implementadas por la administración Trump que afectan directamente a la comunidad transgénero. Estas incluyen, además de la prohibición de tratamientos de afirmación de género para menores, la prohibición de personas trans en el Ejército y la afirmación de que solo existen dos géneros: hombre y mujer.
El desarrollo de esta situación seguirá siendo observado de cerca, con implicaciones significativas para la atención médica, la protección legal y los derechos de la comunidad transgénero en los Estados Unidos.