DeSantis pierde control sobre política migratoria en Florida tras rebelión republicana
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Nicol Matuz ScottEl centro de la tormenta: Ron DeSantis, gobernador de Florida, y su batalla por el control de la política migratoria. Su imagen de férreo defensor de la línea dura en inmigración, ha sido puesta a prueba. El conflicto no se dio con la oposición demócrata, sino con figuras republicanas dentro de la propia Legislatura.
Danny Pérez, presidente de la Cámara de Representantes, y Ben Albritton, presidente del Senado, ambos republicanos, lideraron una inesperada rebelión. Su objetivo: limitar el poder de DeSantis en materia migratoria, incluso proponiendo la transferencia de dicho poder al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, en un movimiento que algunos analistas interpretan como una maniobra política para fortalecer su perfil de cara a las elecciones de 2026.
"DeSantis se encontró con una oposición inesperada: una rebelión en la Legislatura, proveniente de su propio núcleo," señala un reporte de NBC, aludiendo a la tensión pública entre DeSantis y Simpson, acusado por el gobernador de usar la situación para fines políticos.
Finalmente, tras arduas negociaciones, se alcanzó un acuerdo. Si bien DeSantis conserva parte de su influencia, el nuevo pacto implica un reparto de poder. La creación de un Consejo Estatal de Control de Inmigración, con participación de figuras como el comisionado Simpson, es una muestra de esta nueva realidad.
Entre las modificaciones más significativas se encuentra la limitación, e incluso eliminación futura, del programa que permitía a DeSantis trasladar migrantes a estados demócratas. Este programa, ahora condicionado a la aprobación explícita del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), desaparecerá en 2027, coincidiendo con el fin del mandato de DeSantis.
El acuerdo también incluye:
- Penas más severas para inmigrantes ilegales condenados por delitos.
- Criminalización del ingreso y reingreso ilegal a Florida.
- Subvenciones por US$250 millones a las fuerzas del orden para colaborar con ICE.
- Cargos por votar ilegalmente.
- Exigencia a las cárceles de informar a ICE sobre el estatus migratorio de los reclusos.
- Fin de la matrícula estatal para estudiantes no residentes.
- Incentivos para el reclutamiento de fuerzas del orden.
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