Estados proponen prohibir la inscripción de niños indocumentados en escuelas públicas
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Nicol Matuz ScottRecientemente, varios estados han presentado iniciativas legislativas que buscan modificar las normas de acceso a las escuelas públicas. Tennessee, por ejemplo, es uno de los estados donde la situación ha generado mayor controversia. El representante William Lamberth, miembro del partido republicano, ha defendido la propuesta argumentando que “Las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras”. Esta declaración, sin embargo, ha generado reacciones diversas entre la población.
Por otro lado, en Indiana se ha propuesto una ley que permitiría a los distritos escolares negar la inscripción a estudiantes indocumentados. Más allá de la simple negación de la matrícula, este proyecto de ley también exige un exhaustivo reporte por parte de las instituciones educativas: el número de alumnos indocumentados, su asistencia, el nivel de dominio del inglés y la cantidad de profesores bilingües. Este nivel de detalle ha generado inquietudes sobre la privacidad de los estudiantes y el posible uso de esta información.
La situación no se limita a Tennessee e Indiana. En Texas, se ha presentado una iniciativa que obliga a los distritos escolares a contabilizar a los estudiantes indocumentados a partir del próximo curso escolar. El objetivo declarado es solicitar al gobierno federal la compensación por el coste de la educación de estos alumnos. Mientras tanto, en Oklahoma, el superintendente estatal Ryan Walters ha propuesto que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o estatus migratorio al momento de la inscripción. Aunque no se prohibiría la matrícula, la medida obligaría a realizar un censo de estudiantes indocumentados. El gobernador Kevin Stitt, sin embargo, ha expresado su oposición a esta propuesta.
Estas iniciativas, presentadas en diferentes estados, reflejan un panorama diverso y complejo sobre el acceso a la educación para menores en Estados Unidos. El debate se centra no sólo en la legalidad, sino también en los aspectos económicos, sociales y éticos relacionados con la integración de los estudiantes indocumentados en el sistema educativo.
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