DeSantis amplía los poderes de fuerzas policiales en Florida para controlar la migración

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Las noticias sobre cambios en las políticas estatales a menudo pasan desapercibidas en la vorágine diaria; pero esta vez, la atención se centra en Florida, donde el panorama migratorio está experimentando una transformación significativa

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Nicol Matuz Scott el 20/02/2025 02:30 PM.
En Internacional y editada el 20/02/2025 02:36 PM.

El gobernador Ron DeSantis ha firmado recientemente un conjunto de medidas que otorgan nuevas y amplias facultades a las fuerzas del orden estatales y locales en materia de inmigración. Estas medidas, que entraron en vigor la semana pasada, modifican sustancialmente la colaboración entre las autoridades locales y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Bajo el programa federal 287(g), la policía de Florida, incluyendo departamentos como el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), la Guardia Estatal de Florida y el Departamento de Aplicación de la Ley Agrícola de Florida, ahora tienen la potestad de:

Interrogar a individuos sospechosos de ser indocumentados.
Arrestar a extranjeros que ingresen a Florida sin autorización.
Retener a migrantes hasta que el ICE determine su estatus migratorio.
Ejecutar órdenes de detención por violaciones a las leyes de inmigración.

Además, se ha autorizado a los oficiales a administrar juramentos y recopilar evidencia para procesos de deportación. Esta expansión de poder implica una mayor capacitación para las agencias locales por parte del ICE.

De acuerdo con la Oficina del Gobernador, DeSantis ha declarado que Florida “lidera el camino en la lucha contra la inmigración ilegal”, argumentando que estas medidas buscan mejorar la seguridad y prevenir que individuos con antecedentes penales permanezcan en el estado de manera irregular.

Para supervisar la implementación de estas nuevas políticas se creó la Junta Estatal de Aplicación de la Inmigración, encabezada por Larry Keefe, un ex fiscal federal con un historial controvertido, quien fue designado como director ejecutivo. Su nombramiento ha generado debate.

Las nuevas leyes también establecen penas más severas para la entrada ilegal a Florida, incluyendo la posibilidad de prisión preventiva para delitos graves e incluso la pena de muerte en casos de homicidio en primer grado o violación infantil. La Patrulla de Carreteras de Florida ya ha comenzado a implementar estas nuevas disposiciones. El impacto a largo plazo de estas medidas en la comunidad inmigrante de Florida aún está por verse.