Despidos de jueces de inmigración provoca retrasos de años en miles de casos
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Nicol Matuz ScottEn el corazón del problema se encuentra la reciente reducción en el número de jueces de inmigración. Según reportes de Border Report, la administración Trump ha despedido a varios jueces como parte de una estrategia de recorte de gastos. Esto, a pesar de que el Congreso había asignado fondos para contratar hasta 100 jueces adicionales al año durante la última década. La cifra de jueces activos se ha reducido a aproximadamente 735 en todo el país, dejando a cada uno con una carga abrumadora de aproximadamente 6,000 casos.
El impacto es palpable. Abogados de inmigración como William Brooks, de Houston, describen la situación con preocupación: “Tengo audiencias iniciales que están programadas para dentro de dos o tres años, y después de eso, pasarán algunos años más antes de la audiencia final. En algunas jurisdicciones, se podría hablar de seis, siete años o más para que un caso sea resuelto.”
La situación se agrava con las cifras proporcionadas por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC). Para diciembre de 2024, existían aproximadamente 3.7 millones de casos pendientes, incluyendo 1.7 millones de solicitudes de asilo. A pesar de que el año fiscal 2024 registró un récord de 914,812 casos cerrados (un incremento del 36% respecto al año anterior), la abrumadora cantidad de casos nuevos supera ampliamente la capacidad del sistema.
Claudia Galán, abogada de inmigración con oficinas en San Antonio y Edinburg, añade otra perspectiva a la crisis. Ella señala un aumento en la detención de inmigrantes por parte del ICE (Immigration and Customs Enforcement), con menos fianzas otorgadas y un cambio en los procedimientos administrativos. "No hay un ambiente abierto," comenta Galán, "es como si se estuviera construyendo un muro en todos los tribunales." Esta nueva realidad implica menos interacción personal entre jueces, fiscales y abogados, dificultando la resolución eficiente de los casos.
El panorama se complica aún más considerando la disparidad entre jurisdicciones. Mientras Miami-Dade, Florida, registra el mayor número de casos de deportación pendientes, Montana presenta la mayor proporción de órdenes de deportación. La inconsistencia en los procedimientos entre diferentes cortes de inmigración añade otra capa de complejidad a un sistema ya saturado.
La disparidad entre la asignación presupuestaria del Congreso y la cantidad de jueces contratados, combinada con el impacto de las recientes desvinculaciones, crea un escenario preocupante para el futuro del sistema de inmigración estadounidense, generando un cuello de botella que afecta directamente a los inmigrantes que buscan justicia y resolución en sus procesos.
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