Trump reactiva el programa 287(g) para que oficiales locales colaboren con ICE
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Nicol Matuz ScottEl foco principal recae en el programa 287(g), reactivado bajo la administración Trump. Este programa, que permite a oficiales locales colaborar con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la detención de inmigrantes, ha sido relanzado con nuevos acuerdos en al menos cinco estados: Florida, Idaho, Kansas, Oklahoma y Texas.
Entre el 17 y el 19 de febrero, varias agencias estatales y locales firmaron acuerdos con ICE para implementar este programa. Esto significa que oficiales locales, tras recibir capacitación por parte de ICE, podrán detener y arrestar a personas por violaciones migratorias durante sus labores cotidianas.
ICE lo describe como un “multiplicador de fuerza,” ampliando su alcance en la aplicación de leyes migratorias. La preocupación principal es que los oficiales podrán interrogar a cualquier persona sospechosa de estar en el país irregularmente, sin importar si está siendo investigada por otro delito.
Este programa no es nuevo; su implementación en la década de 2000 generó múltiples críticas por su potencial para generar tensiones comunitarias y denuncias de "perfil racial y discriminación", según una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2011. El caso de Maricopa County, Arizona, es paradigmático: demandas costosas resultaron en pagos de 43 millones de dólares, y se espera que los gastos por un fallo judicial de 2013 por perfil racial alcancen los 314 millones de dólares este año.
El impacto económico potencial es significativo. No solo incluye costos legales, sino también los recursos que las comunidades deben invertir en la implementación del programa. La posibilidad de nuevos litigios y el incremento en el temor entre la población inmigrante son preocupaciones latentes.
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, afirmó que su patrulla estatal de carreteras está involucrada desde el 17 de febrero, y que otras agencias se unirán. En Kansas, el Buró de Investigaciones del Estado firmó su acuerdo el 17 de febrero; en Oklahoma, tres agencias, incluido el Departamento de Seguridad Pública, se unieron el 21 de febrero; y en Texas, el fiscal general del estado y alguaciles de condados también firmaron acuerdos. Incluso el condado de Douglas en Nevada se ha unido a la iniciativa.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Coalición de Inmigrantes de Florida, expresan su preocupación por el impacto en las comunidades, advirtiendo sobre la posible erosión de la confianza entre la policía y los ciudadanos y la disuasión para reportar crímenes.
Tom Homan, exdirector interino de ICE y actual “zar de la frontera” de la administración Trump, instó a los alguaciles a participar en el programa, prometiendo reducir los costos de capacitación y proporcionar apoyo legal. Su declaración “Prometimos una deportación masiva y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, refleja la política migratoria.
Un informe de 2011 del Instituto de Políticas Migratorias reveló que, en comparación con otros métodos, los acuerdos 287(g) generaron significativamente menos arrestos. La efectividad del programa, sus costos a largo plazo y su impacto en las relaciones comunitarias siguen siendo puntos de discusión cruciales.
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