Trump convierte departamentos clave en agencias de inmigración
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Nicol Matuz ScottLa administración Trump, desde su inicio, ha marcado una pauta en la política migratoria. La aplicación de las leyes de inmigración se ha convertido en una prioridad transversal, extendiéndose más allá del tradicional Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Figuras clave como Marco Rubio, Secretario de Estado, y Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, han tomado acciones contundentes.
El Departamento de Estado, por ejemplo, ha priorizado la cooperación internacional en materia de deportación. El viaje inaugural de Rubio a Centroamérica se centró en lograr acuerdos con Guatemala, Panamá y El Salvador para la repatriación de migrantes. “Para el Departamento de Estado, ahora es su trabajo salir y hacer de eso su máxima prioridad,” comentó Tom Warrick, ex alto funcionario del DHS y analista del Atlantic Council. La designación de Christopher Landau, con experiencia en la implementación de la política "Quédate en México", como adjunto de Rubio, refuerza esta nueva estrategia.
El papel del Departamento de Defensa también ha escalado. Si bien la participación militar en la seguridad fronteriza no es nueva, la actual administración ha intensificado su involucramiento. Se han utilizado aviones de la Fuerza Aérea para deportaciones, una práctica inusual. Pete Hegseth, Secretario de Defensa, visitó las tropas en la frontera, afirmando que todos los recursos del departamento están disponibles para apoyar el esfuerzo. La posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, que permitiría eludir ciertas regulaciones sobre la participación militar en tareas de aplicación de la ley civil, genera incertidumbre.
El Departamento de Justicia, bajo el liderazgo de Pam Bondi, ha emprendido acciones legales contra ciudades santuario, consideradas un obstáculo para la aplicación de las leyes migratorias. Demandas contra Nueva York, Chicago e Illinois demuestran esta postura firme. “Este es un nuevo Departamento de Justicia,” declaró Bondi, enfatizando el cambio de enfoque.
La participación de otras agencias federales ha sido notable. Agentes del FBI, ATF y DEA colaboran en operativos con el ICE, mientras que el IRS está involucrado en la identificación de empleadores que contratan ilegalmente. Incluso el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha suspendido un programa de asistencia legal para niños migrantes. La orden ejecutiva firmada por Trump busca eliminar "todos los beneficios financiados por los contribuyentes para extranjeros ilegales", aunque la aplicación práctica de esta medida aún es incierta.
Diversas agencias gubernamentales, de manera coordinada e inesperada, han contribuido a la aplicación de políticas migratorias. La orden ejecutiva busca identificar gastos federales incompatibles con la ley de asistencia social de 1996, impactando potencialmente a numerosos departamentos.
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