Trump buscar reactivar el Título 42 para expulsiones rápidas de migrantes: ¿De qué se trata?

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En el panorama político estadounidense, la atención se centra en la administración Trump y sus planes para el control fronterizo; la estrategia del gobierno actual se ha vuelto un tema de debate nacional e internacional, generando preocupación entre diversos sectores de la sociedad

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Nicol Matuz Scott el 24/02/2025 11:49 AM.
En Internacional y editada el 24/02/2025 11:53 AM.

El centro de la controversia reside en la figura de Donald Trump y su intención de reactivar el Título 42. Esta disposición, originaria de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944, permite la expulsión rápida de migrantes indocumentados alegando riesgos para la salud pública. Fue utilizada por Trump durante la pandemia de COVID-19, pero suspendida posteriormente por la administración Biden.

Documentos filtrados a CBS News revelan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) planean emitir una orden que considera a los inmigrantes no autorizados como un riesgo para la salud pública. Esta medida se sustenta en la preocupación por la propagación de enfermedades como la tuberculosis.

La estrategia de Trump se enfrenta a desafíos legales significativos. Un juez federal ya declaró el Título 42 como “arbitrario y caprichoso”, señalando que su uso para expulsar migrantes viola la ley de inmigración estadounidense. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), entre otras organizaciones, ha anunciado nuevas demandas para bloquear la reactivación de esta política, argumentando la violación de derechos fundamentales.

El impacto potencial en la frontera es considerable. Durante la primera aplicación del Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró más de 2.8 millones de expulsiones. Una reactivación incrementaría dramáticamente esta cifra, afectando principalmente a migrantes de México y Centroamérica.

Un aspecto preocupante adicional es la eliminación del uso de cámaras corporales para agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión, que inicialmente pretendía garantizar la transparencia, genera dudas sobre posibles abusos y la falta de supervisión en los operativos fronterizos.

La situación se complica por la naturaleza misma del Título 42, que permite la expulsión inmediata de migrantes sin procesar sus solicitudes de asilo, un derecho fundamental amparado en normativas nacionales e internacionales. La reactivación de esta medida genera un intenso debate sobre los derechos humanos, la salud pública y el acceso a la justicia.