Trump revoca libertad condicional a inmigrantes: demanda federal busca justicia
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Nicol Matuz ScottEl foco de atención se centra en la administración Trump y su decisión de revocar la libertad condicional humanitaria para un amplio grupo de inmigrantes provenientes de países en conflicto o crisis política, como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida, implementada tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, ha generado una ola de litigios.
Una demanda, presentada ante un tribunal federal de Massachusetts, busca restablecer estos programas de libertad condicional. Entre los demandantes, se encuentran ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de la suspensión del programa, ahora inmersos en un proceso legal que pone en duda su futuro en el país. Se destacan casos como el de Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana; Alejandro Doe, quien huyó de Nicaragua tras la tortura de su padre; y Omar Doe, un afgano con un extenso historial de trabajo con el ejército estadounidense. Ninguno de ellos ha sido identificado públicamente con su nombre real por miedo a ser deportado.
“No hicieron nada ilegal. Cumplieron las reglas,” declaró Kyle Varner, un médico e inversionista inmobiliario de Spokane, Washington, quien patrocinó a 79 venezolanos y forma parte de la demanda. Varner, junto a otros ciudadanos estadounidenses como Sandra McAnany y Wilhen Pierre Victor, y la organización Haitian Bridge Alliance, se unen en esta batalla legal para defender los derechos de los inmigrantes bajo su patrocinio. Varner describe su experiencia personal, incluyendo el apoyo financiero y logístico brindado a los inmigrantes que patrocinó, quienes ahora trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la sociedad estadounidense.
La abogada Esther Sung, del Justice Action Center, explicó que “La administración Trump está intentando atacar la libertad condicional desde todos los ángulos,” enfatizando el objetivo principal de la demanda: defender la libertad condicional humanitaria y los procesos que, según ella, “han sido muy, muy exitosos”.
El impacto político de esta decisión ha sido limitado entre los republicanos, a excepción de algunos representantes cubanoamericanos de Florida que solicitaron evitar las deportaciones de los venezolanos afectados. Mientras tanto, la representante María Salazar, junto a otros demócratas del Congreso, impulsa un proyecto de ley para que estos inmigrantes obtengan la residencia legal permanente. La autoridad de libertad condicional, establecida en 1952, ha sido utilizada históricamente por presidentes de ambos partidos, ofreciendo una vía legal para aquellos que enfrentan situaciones de emergencia humanitaria o que contribuyen significativamente al bienestar público.
McAnany, una viuda de Wisconsin, describe su compromiso personal con los inmigrantes a quienes patrocinó, resaltando su preocupación por su bienestar y su integración a la sociedad estadounidense. Sus experiencias reflejan el impacto humano de esta decisión legal en la vida de decenas de miles de personas.
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