Megaoperativo desmantela red de tráfico ilegal de migrantes en Los Ángeles

El viernes pasado, Eduardo Domingo, y su lugarteniente, Cristóbal Mejía, fueron arrestados en Los Ángeles. Ambos se enfrentan a acusaciones gravísimas relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes. Se les imputan múltiples cargos por contrabando de personas a lo largo de cinco años, un periodo en el cual, según la fiscalía federal, transportaron a más de 20,000 personas desde Guatemala hacia territorio estadounidense.
La magnitud del operativo es impactante. El juez federal ha ordenado la prisión preventiva sin derecho a fianza para ambos, mientras esperan el juicio programado para abril. La fiscalía afirma que "Renoj Matul lideraba una vasta red, transportando principalmente a personas de Guatemala." Se trata de una organización criminal con una estructura jerárquica compleja.
La acusación detalla un trágico saldo: siete inmigrantes, incluido un niño de 4 años, perdieron la vida en un accidente vehicular en Oklahoma en noviembre de 2023. Este hecho está directamente relacionado con las actividades de la red. José Paxtor, conductor implicado en el accidente y detenido en Oklahoma, también ha sido acusado formalmente en California.
El alcance de la red criminal involucra a otros implicados. Helmer Obispo, un alto mando encargado de supervisar a los conductores, también enfrenta cargos y se encuentra prófugo en Guatemala. La fiscalía asegura que la organización cobraba entre $15,000 y $18,000 dólares por persona, ofreciendo transporte a diversos destinos en Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles y Phoenix. Algunos migrantes que no podían pagar el total eran retenidos en una casa de seguridad cerca del centro de Los Ángeles.
Según el fiscal federal interino, Joseph T. McNally, “Estas organizaciones de contrabando no tienen ningún respeto por la vida humana y su comportamiento cobra vidas”. La operación ha resultado en el desmantelamiento de lo que las autoridades consideran una de las organizaciones de contrabando más grandes y peligrosas del país. De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.
La investigación continúa, explorando las conexiones y ramificaciones de esta red criminal a ambos lados de la frontera.