Juez advierte a Trump sobre consecuencias por violar fallo de deportación de migrantes
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Nicol Matuz ScottEl juez federal de distrito James Boasberg, de Washington D.C., emitió una orden judicial el miércoles pasado que prohíbe temporalmente la deportación de cientos de migrantes venezolanos. Esta decisión, que generó una respuesta inmediata de la Casa Blanca, se centra en la aplicación de una ley del siglo XVIII y las preocupaciones sobre el debido proceso.
La respuesta del gobierno de Donald Trump no se hizo esperar. Se argumentó que la orden judicial interfiere indebidamente en la discreción presidencial para manejar asuntos de seguridad nacional y diplomacia. Se calificó la decisión como una "interferencia inaceptable en las funciones ejecutivas".
Un punto clave en la disputa se centra en la información pública sobre los vuelos de deportación. El juez Boasberg mencionó la publicación en redes sociales por parte del Secretario de Estado, Marco Rubio, de detalles sobre estos vuelos. Esta acción contradice la afirmación del gobierno de que revelar dicha información pondría en peligro la seguridad nacional.
La tensión entre el poder judicial y el ejecutivo se intensificó cuando el Presidente Trump pidió la destitución del juez Boasberg, calificándolo de "alborotador y agitador" de extrema izquierda. Esta acción sin precedentes provocó una inusual respuesta del Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien reiteró que las vías legales de apelación, y no la destitución de jueces, son el mecanismo adecuado para cuestionar las sentencias judiciales.
El juez Boasberg, nombrado por el expresidente Barack Obama, no especificó las consecuencias que enfrentaría el gobierno si se incumple su orden. Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre expertos legales y analistas políticos, quienes advierten sobre una potencial crisis constitucional si el gobierno continúa desafiando abiertamente las decisiones judiciales.
La controversia involucra a la Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward, quienes presentaron la demanda original. El caso sigue en desarrollo, y la situación continúa generando incertidumbre sobre el futuro de los migrantes venezolanos afectados y el equilibrio de poderes en el gobierno estadounidense.
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