Trump podría invocar el 'secreto de estado' en vuelos de deportación de venezolanos
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Nicol Matuz ScottEl juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, ha solicitado al gobierno del entonces presidente Donald Trump más información sobre los vuelos de deportación. Esta solicitud, sin embargo, ha encontrado una férrea resistencia por parte de la administración. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, presentó una declaración jurada donde se menciona que existen “discusiones en curso a nivel del gabinete” sobre la posibilidad de invocar el “privilegio de secreto de estado”.
Esta decisión, que se tomó antes de una audiencia programada para el viernes en Washington D.C., ha generado un gran revuelo. La administración Trump, según fuentes del Departamento de Justicia, considera que la petición del juez es un "sondeo judicial innecesario". Boasberg, por su parte, ha calificado la respuesta del gobierno como “lamentablemente insuficiente”, lo que podría derivar en consecuencias legales para los funcionarios de la administración. Se habla incluso de la posibilidad de que el juez declare a los funcionarios en desacato al tribunal.
La controversia se intensifica al conocerse que el gobierno de Trump ha transferido a cientos de venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Este punto es crucial, pues la orden de Boasberg, emitida el 15 de marzo, buscaba detener temporalmente estas deportaciones y ordenar el regreso de los aviones a Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumentó que la orden oral del juez no era vinculante y solo debía acatarse la orden escrita, lo cual, según su interpretación, no aplicaba a los vuelos que ya habían partido.
La situación se ha vuelto aún más compleja con las reacciones políticas. Tanto Trump como varios aliados republicanos han pedido la destitución de Boasberg a través de un juicio político. Una situación que generó una inusual declaración del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien afirmó que "el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial". Este hecho subraya la gravedad de la situación y la polarización política que la rodea.
Los detalles específicos de los vuelos de deportación, la naturaleza de la información considerada como "secreto de estado", y las consecuencias legales de las acciones de la administración Trump, permanecen en el centro del debate, configurando un panorama legal y político en constante evolución.
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