IRS e ICE: posible acuerdo secreto amenaza datos fiscales de inmigrantes

Recientemente, se ha filtrado información sobre un posible acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Este acuerdo permitiría al ICE solicitar al IRS la verificación de datos de contribuyentes, específicamente aquellos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. La fuente de esta información es una persona familiarizada con el plan, según reportó CNN.
La propuesta, según se ha informado, implica que el ICE proporcionaría al IRS nombres y direcciones de personas que presume se encuentran en el país sin autorización legal. "Luego, el IRS cruzaría esta información y confirmaría su veracidad," explica la fuente. Esta confirmación serviría como base para que el ICE proceda con operativos de detención.
Este acuerdo representa un cambio significativo, pues vulnera la confidencialidad de la información fiscal. Hasta ahora, los datos del IRS estaban protegidos por estrictas normas de confidencialidad, con la divulgación indebida estrictamente prohibida. Los inmigrantes indocumentados, que según el National Immigration Law Center pagan miles de millones de dólares anuales en impuestos federales usando ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), podrían verse afectados directamente.
El gobierno de Donald Trump, en un comunicado judicial, confirmó la existencia de "conversaciones en curso" entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el IRS sobre el intercambio de datos. Sin embargo, un borrador inicial del acuerdo, que pedía información de cientos de miles de personas, ha sido aparentemente modificado. Ahora, se limitaría a la confirmación de direcciones, no a la entrega directa de datos.
A pesar de esta aparente moderación, el acuerdo sigue generando polémica. Organizaciones de derechos de los inmigrantes han presentado una demanda para bloquear el intercambio de información, argumentando que la ley federal lo prohíbe. La jueza Dabney Friedrich, sin embargo, rechazó una orden de emergencia para bloquear el intercambio, alegando falta de pruebas de un riesgo inmediato.
El caso plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de la privacidad, particularmente en un contexto de políticas migratorias restrictivas. La implicación de la información fiscal en este tipo de procedimientos abre un debate complejo sobre la confianza ciudadana en las instituciones y el uso ético de la información personal.