Tennessee: ley antiinmigrantes amenaza la educación pública
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia es un proyecto de ley impulsado por el senador republicano Bo Watson. Esta iniciativa, que ha generado fuertes críticas, pretende obligar a las escuelas públicas y chárter de Tennessee a verificar el estatus migratorio de sus estudiantes. Según informes de Tennessee Lookout, las escuelas podrían negar el acceso a la educación a los niños indocumentados o bien, cobrarles matrícula bajo un modelo de financiación estatal por estudiante.
La justificación de Watson se centra en la carga financiera de los programas de aprendizaje del idioma inglés (ELL): "La propuesta es que sigamos aumentando exponencialmente los fondos que destinamos a la educación ELL, y desde hace tiempo he sentido que necesitamos que los ciudadanos participen en una conversación sobre la financiación de ELL", argumentó. Añade que, aunque ELL incluye a estudiantes indocumentados y documentados, "es difícil o imposible diferenciar entre ambos, y utilizo la financiación de ELL como al menos una correlación de lo que puede estar ocurriendo dentro de la comunidad indocumentada."
Sin embargo, la senadora demócrata Jeff Yarbro ha expresado su profunda preocupación, alertando sobre las graves consecuencias sociales y económicas a largo plazo. "¿Cuál es el costo a largo plazo de tener un grupo de personas que, por orden del estado, son analfabetas y simplemente se está creando una clase baja a largo plazo en la sociedad?", cuestionó Yarbro, destacando además la falta de recursos de las escuelas para evaluar el estatus migratorio y los elevados costos que implicaría implementar dicho sistema.
El proyecto de ley superó el Comité de Finanzas del Senado con un ajustado 7-4, con dos republicanos oponiéndose. Mientras tanto, una versión en la Cámara de Representantes, que permite pero no exige a las escuelas realizar verificaciones migratorias, se encuentra aún en discusión. De aprobarse, Tennessee se convertiría en el único estado que persigue activamente esta política, mientras que otros estados como Texas e Indiana solo debaten medidas similares.
La legislación se enfrenta a fuertes críticas, acusándosele de intentar anular la decisión de la Corte Suprema de 1982, Plyler v. Doe, que garantiza el derecho a la educación pública a los niños indocumentados. Además, se argumenta que podría violar la Ley de Derechos Civiles de 1964, poniendo en riesgo más de mil millones de dólares en fondos federales para la educación, según informa la filial local de NPR, WKMS.
En paralelo, otras iniciativas en Tennessee buscan criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados, imponiendo penas de prisión y desalojo. Una tercera propuesta permitiría a las víctimas de crímenes demandar a organizaciones benéficas que brinden vivienda a inmigrantes indocumentados, haciéndolas responsables financieramente. Todo esto refleja una tendencia a nivel estatal para disuadir la inmigración no autorizada a través de sanciones legales y económicas.
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