Juez nombrado por Trump bloquea uso de ley del siglo XVlll para deportar a migrantes
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia reside en la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de la era del siglo XVIII. Recientemente, el juez federal Fernando Rodríguez Jr., un nombramiento del presidente Donald Trump, emitió una orden judicial que prohíbe al gobierno utilizar esta ley para deportar inmigrantes venezolanos en el sur de Texas. La decisión se produjo después de que el gobierno invocara la ley para deportar a cientos de venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
En su fallo, el juez Rodríguez argumentó que la invocación de la ley por parte del gobierno es "ilegal", afirmando que “la invocación de la ley por parte del presidente a través de su proclamación excede el alcance del estatuto y es contraria al significado claro y ordinario de los términos”. El juez enfatizó que la ley, usada anteriormente durante las Guerras Mundiales y la Guerra de 1812, no fue diseñada para el escenario actual. La defensa, encabezada por la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), coincidió en esta apreciación, subrayando la falta de intención del Congreso para este tipo de aplicación.
La decisión del juez Rodríguez es significativa porque marca la primera orden judicial permanente que impide el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de esta manera. Su fallo desafía directamente la interpretación del Ejecutivo, abriendo un debate sobre el alcance de las atribuciones presidenciales en materia de inmigración y la protección de los derechos de los migrantes. La Casa Blanca, hasta el momento, no ha emitido una declaración oficial al respecto.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El representante demócrata Adriano Espaillat, líder del Caucus Hispano en el Congreso, declaró que la decisión judicial confirmó la aplicación ilegal de la ley por parte del gobierno anterior. El caso, sin embargo, está lejos de concluir. El gobierno podría apelar la decisión ante el Quinto Circuito de Apelaciones, conocido por su postura conservadora, y potencialmente llegar hasta la Corte Suprema. Este proceso legal podría extenderse por meses, añadiendo otra capa de complejidad a un tema ya de por sí intrincado.
Más allá del caso en Texas, existen otros litigios relacionados con la misma ley y la polémica proclamación presidencial. La ACLU presentó demandas similares en Washington D.C., resultando en suspensiones temporales de las deportaciones, que fueron desafiadas en varias ocasiones por el poder ejecutivo. La Corte Suprema ya ha intervenido, exigiendo un "tiempo razonable" para que los migrantes impugnen su expulsión, aunque sin especificar la duración.
El futuro de este caso judicial y sus implicaciones a largo plazo en la política migratoria de Estados Unidos permanecen inciertos, destacando la complejidad del sistema legal y la continua evolución de los debates sobre inmigración.
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