Escándalo migratorio: ICE y GEO Group expanden red de detención de migrantes

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), tras una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), obtuvo documentos que arrojan luz sobre la expansión de la capacidad de detención de inmigrantes por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Estos documentos, obtenidos en septiembre de 2024, muestran la estrecha colaboración entre el ICE y GEO Group, Inc., la mayor corporación penitenciaria privada de Estados Unidos.

GEO Group opera actualmente más de 22,000 camas para la detención de inmigrantes en EE. UU., representando más de una cuarta parte de su capacidad global. “Comunidades de todo el país están siendo destrozadas por la cruel agenda de deportaciones masivas”, declaró Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, en referencia al impacto de estas políticas.

Los documentos revelan detalles específicos de centros de detención en diversos estados, incluyendo:

• North Lake, Michigan: Se prepara la apertura de uno de los mayores centros de detención de ICE en el Medio Oeste, utilizando instalaciones previamente desocupadas en una zona rural.
• Laredo, Texas (Centro de Procesamiento de Río Grande): Este centro, con una capacidad de 1,900 camas, tiene un contrato con ICE para detener hasta 672 personas. Su ubicación estratégica, “muy cerca de todos los servicios necesarios… incluyendo hospitales de cuidados intensivos, juzgados, aeropuertos…”, según el reporte de GEO Group, facilita la logística de las deportaciones.

El reporte también destaca la antigüedad de algunos centros. El más antiguo, en Aurora, California, lleva operando 37 años, mientras que el más reciente, el Moshannon Valley Processing Center en Pensilvania, tiene apenas tres años de funcionamiento. Se mencionan propuestas como la del Centro de Procesamiento de Río Grande para ser un espacio de procesamiento de deportaciones, aunque la información sobre el número de personas a detener y unidades dedicadas a este fin se mantuvo bajo secreto.

La información obtenida por la ACLU plantea interrogantes sobre el crecimiento de la infraestructura de detención de inmigrantes y su impacto en las comunidades afectadas. La opacidad de ciertos datos en el reporte deja espacio para futuras investigaciones y análisis.

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