Trump cancela el Estatus de Protección Temporal para inmigrantes de Honduras y Nicaragua

El gobierno del presidente Donald Trump anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes originarios de Honduras y Nicaragua. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que las designaciones de TPS para ambos países expirarán el 5 de julio de 2025, y que la cancelación oficial entrará en vigor 60 días después de la publicación de los avisos en el Registro Federal. Esta medida implica que los beneficiarios del TPS deberán abandonar Estados Unidos, salvo que tengan otros procesos migratorios legales en trámite.
La Administración Trump justifica esta decisión argumentando que las condiciones que originaron la concesión del TPS ya no persisten en ninguno de los dos países. Según la secretaria del DHS, Kristi Noem, Honduras ha superado los efectos del huracán Mitch, ocurrido hace casi 27 años, y Nicaragua ya no enfrenta las dificultades ambientales que justificaron la protección temporal. Por lo tanto, se considera que los ciudadanos de ambos países pueden regresar a su territorio con seguridad. Además, el DHS ofrece incentivos para facilitar la salida voluntaria de los beneficiarios, como un bono de $1,000 y un boleto aéreo cortesía.
La cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses se suma a decisiones recientes similares para venezolanos y haitianos, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos migratorios. La Alianza Américas y otras agrupaciones han alertado sobre el riesgo que esta medida representa para decenas de miles de personas que han echado raíces en Estados Unidos y que forman parte de familias con estatus migratorio mixto. Teodoro Aguiluz, director ejecutivo de CRECEN Houston, destacó que esta revocación afecta la estabilidad, salud y seguridad de comunidades enteras.
Desde su designación en 1999 para Honduras, tras el huracán Mitch, casi 57,000 personas han estado protegidas bajo el TPS, mientras que cerca de 3,000 nicaragüenses cuentan con esta protección. El Caucus Hispano del Congreso también ha advertido sobre las consecuencias económicas y sociales de la decisión, señalando que más del 94% de los beneficiarios hondureños trabajan en sectores esenciales como salud, construcción y transporte, y que su aporte salarial supera los mil millones de dólares anuales, contribuyendo significativamente a la economía estadounidense.