Su iniciativa, que busca modificar el Código Penal local, busca castigar con severidad la usurpación de identidad, la intervención de comunicaciones privadas y la divulgación de información obtenida ilegalmente a través de medios tecnológicos.
Buendía argumenta que la legislación actual no contempla la agravante del uso de tecnologías avanzadas en estos delitos, lo que deja a la población vulnerable. Respalda su argumento con datos del Consejo Ciudadano, que revelan un preocupante aumento en la usurpación de identidad con inteligencia artificial y el robo de identidad en 2023.
La diputada también cita un estudio israelí que sugiere que tan solo nueve caras generadas con inteligencia artificial serían suficientes para suplantar a una gran parte de la población mundial. Este hallazgo pone en tela de juicio la seguridad de herramientas de reconocimiento facial que se utilizan para acceder a información sensible.
La iniciativa de Buendía ha sido recibida con diferentes opiniones. Algunos la consideran necesaria para proteger a los ciudadanos de los nuevos tipos de ciberdelitos que se están presentando. Otros, sin embargo, argumentan que las penas propuestas son demasiado severas y que podrían afectar a la libertad de expresión.
La discusión sobre la seguridad cibernética y la protección de datos personales se ha vuelto cada vez más relevante en un mundo donde la tecnología juega un papel fundamental en la vida cotidiana. La iniciativa de Buendía abre un debate importante sobre la necesidad de adaptar las leyes a las nuevas realidades de la era digital.