Las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se intensificaron tras la orden de una jueza de Veracruz para eliminar la publicación de la reforma del Diario Oficial de la Federación. La mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha negado a acatar la orden y ha acusado a la jueza Nancy Juárez de “irregularidades”. Sheinbaum ha declarado que presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura y que consultará al Congreso sobre la posibilidad de que una jueza emita tal orden.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha respondido a las declaraciones de Sheinbaum con un contundente llamado a la legalidad y al respeto a la división de poderes. Piña ha enfatizado que todos, incluyendo las autoridades, deben cumplir las leyes para preservar la democracia y el Estado de derecho.
La jueza Juárez Salas, en su resolución, ordenó la eliminación de la reforma judicial dentro de un plazo de 24 horas. Esta orden ha generado una ola de reacciones, con expertos en derecho advirtiendo sobre la posibilidad de una crisis constitucional si el Poder Ejecutivo no acata las resoluciones del Poder Judicial.
Expertos como Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han destacado la gravedad de la situación. Reyes ha señalado que el incumplimiento de una resolución judicial es un delito y que la postura del gobierno pone en riesgo la estabilidad democrática.
Ideas clave:
- Desacato a la justicia: La negativa del gobierno a acatar la orden de eliminar la reforma del Diario Oficial de la Federación.
- Crisis constitucional: El riesgo de una crisis constitucional si el Poder Ejecutivo no cumple con las resoluciones del Poder Judicial.
- Impugnación judicial: La posibilidad de impugnar judicialmente una determinación que no se comparte, en lugar de un acto de desobediencia.
- Respeto a la ley: La importancia de cumplir las leyes para preservar la democracia y el Estado de derecho.
Consecuencias:
Las declaraciones de Sheinbaum y la respuesta de Piña reflejan una creciente polarización entre los poderes Ejecutivo y Judicial. El desenlace de esta situación podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política y la aplicación del derecho en México.