En América Latina y el Caribe, el consumo de tabaco se ha convertido en un problema de salud pública que impacta de manera significativa a la economía. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha dado a conocer un estudio que revela la necesidad de implementar políticas más contundentes para combatir este hábito nocivo.
Según la OCDE, el bajo precio de los cigarrillos en la región los convierte en un producto accesible para una gran parte de la población. Los cigarrillos son, en general, muy asequibles y su asequibilidad ha aumentado con el tiempo. Además, la carga tributaria efectiva aplicada a los cigarrillos está por debajo del umbral recomendado por la OMS de, al menos, 75 por ciento del precio al por menor. Esto ha generado una situación en la que el consumo de tabaco sigue estando muy extendido, con un 12 por ciento de la población latinoamericana y caribeña fumando activamente.
La OCDE ha destacado que un aumento del 50 por ciento en el precio de los cigarrillos, logrado a través de una subida de los impuestos en doce países de la región, podría evitar más de 300 mil muertes y prevenir 1.3 millones de enfermedades, lo que se traduciría en nueve millones de años de vida en buen estado de salud. Este tipo de medida tendría un impacto económico positivo, generando un ahorro de 27 mil millones de dólares en gasto sanitario en la próxima década.
El estudio también menciona que los costos médicos asociados al tabaquismo pueden llegar a alcanzar un promedio del 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual. En 2021, más de 350 mil personas fallecieron en América Latina y el Caribe como consecuencia del consumo de tabaco o la exposición al humo ajeno, y más del 40 por ciento de los casos de cáncer en las vías respiratorias detectados en la región fueron atribuibles al consumo de este producto.
La OCDE ha enfatizado que, a corto plazo, un aumento de los impuestos al tabaco tendrá un impacto positivo en la recaudación, a pesar de la disminución del consumo. A largo plazo, la reducción de los costos sanitarios, económicos y sociales compensaría la caída de la recaudación, lo que tendría un impacto positivo para el presupuesto público y para la salud de la población.