En septiembre pasado, un juez federal ordenó al Senado detener el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, argumentando que la reforma constitucional que permite esta elección es inconstitucional. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) no acató esta orden.
Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado: un juez federal ha impuesto multas a los consejeros del INE por desobedecer su orden. Cada uno de los consejeros tendrá que pagar 54 mil 285 pesos por desacatar la suspensión, una medida que no solo pone en riesgo su patrimonio, sino también su libertad.
El juez Francisco García Contreras, del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, ha sentenciado que los consejeros del INE incurrieron en desacato, ya que no suspendieron el proceso electoral a pesar de la orden judicial. El juez les ha dado un plazo de tres días para pagar la multa, de lo contrario, se les impondrá una multa adicional de 5 mil 428 pesos.
Este conflicto no solo es un golpe al INE, sino también al proceso electoral judicial. La decisión del juez podría dar un vuelco a la elección y tener consecuencias políticas y jurídicas de gran magnitud.
Las consecuencias de este desacato son severas. Además de las multas, los consejeros del INE podrían enfrentar cargos por el delito de desacato, que conlleva una pena de tres a nueve años de prisión.
Lo cierto es que este conflicto pone al descubierto la fragilidad del sistema electoral mexicano, y plantea la urgente necesidad de una reforma judicial profunda que garantice la independencia e imparcialidad del poder judicial.